Tapachula, Chiapas – Familiares de personas privadas de la libertad y activistas denunciaron presuntos actos de corrupción, cobros ilegales, venta de drogas y control criminal dentro del Centro Estatal de Reinserción Social número 03 de Tapachula, Chiapas. Ante estas acusaciones, solicitaron la intervención de las autoridades estatales y federales, así como la destitución de los directivos del centro penitenciario.

La protesta se realizó el viernes 11 de septiembre en el exterior del penal, ubicado sobre la carretera costera de Chiapas y administrado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Los manifestantes señalaron principalmente al director Francisco San Martín Flores y pidieron que se realicen operativos de revisión para determinar qué ocurre al interior del inmueble.

De acuerdo con las denuncias recogidas durante la manifestación, algunos internos identificados como presuntos líderes dentro del penal cobrarían cuotas a otros reclusos, además de existir venta de estupefacientes y situaciones de abuso.

Los inconformes también aseguraron que desde el interior del centro penitenciario podrían coordinarse actividades delictivas que posteriormente se cometen en el exterior, entre ellas extorsiones, cobro de piso y homicidios. Estas acusaciones no constituyen por sí mismas una determinación judicial y deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes.

El activista Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana A.C., afirmó que a algunos internos de nuevo ingreso se les exigirían pagos de hasta 70 mil pesos en un plazo de 72 horas, además de señalar supuestos cobros por las celdas y por las visitas familiares. Según su denuncia, estas prácticas generarían condiciones de intimidación dentro del penal.

Los manifestantes pidieron que se investigue si existe algún tipo de complicidad entre integrantes delictivos y personal penitenciario. También demandaron operativos de seguridad y una revisión integral del funcionamiento del Cereso 3 para garantizar la integridad de los internos y sus familias.

Hasta el momento, las acusaciones corresponden a señalamientos realizados por familiares y activistas; será responsabilidad de las autoridades realizar las investigaciones y determinar si existen delitos o responsabilidades administrativas.