Ciudad de México – La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó ahorros acumulados por 83 mil 800 millones de pesos durante los primeros dos años de la actual administración federal, además de 4 mil 193 sanciones administrativas a personas servidoras públicas, como parte de los resultados presentados en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Durante la conferencia matutina de este 22 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo realizado por la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro, particularmente en materia de compras públicas, seguimiento de contratos, sanciones administrativas y reorganización de las estructuras gubernamentales.

De acuerdo con lo expuesto por la Secretaría, los 83 mil 800 millones de pesos corresponden a recursos que, según la dependencia, fueron protegidos mediante distintas estrategias implementadas durante los dos primeros años de gobierno.

Del monto total, 70 mil millones de pesos corresponden al primer año, mientras que durante el segundo año se reportaron 13 mil 800 millones de pesos adicionales.

La dependencia explicó que estos resultados se obtuvieron mediante diferentes acciones relacionadas principalmente con la contratación pública y la administración de recursos.

Entre ellas se encuentran 29 mil millones de pesos derivados de mejoras en las compras públicas, a través de mecanismos como los diálogos estratégicos y las subastas inversas; 42 mil 200 millones de pesos relacionados con el seguimiento de la administración de contratos; 4 mil 800 millones de pesos correspondientes a multas y sanciones, así como 7 mil 800 millones de pesos asociados con medidas de eficiencia en la organización del gobierno y reestructuras administrativas.

Raquel Buenrostro explicó que una parte importante de estos resultados proviene de modificaciones en la manera en que se realizan las compras gubernamentales, particularmente mediante mecanismos que buscan ampliar la participación de proveedores y mejorar las condiciones técnicas de las contrataciones.

La funcionaria señaló que los llamados diálogos estratégicos, previstos dentro del marco legal de las compras públicas, permiten establecer una comunicación más abierta con los proveedores y mejorar los anexos técnicos y los requerimientos establecidos por las instituciones gubernamentales.

La Secretaría también destacó la utilización de subastas inversas como una herramienta para aumentar la competencia entre proveedores. Como ejemplo, informó que este mecanismo permitió al Instituto Mexicano del Seguro Social adquirir tecnología médica con un ahorro cercano al 46 por ciento, de acuerdo con el balance presentado por la dependencia.

Más de cuatro mil servidores públicos sancionados

En materia de responsabilidades administrativas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026 se registraron 4 mil 193 servidores públicos con sanciones administrativas.

De ese total, 3 mil 528 casos correspondieron a faltas administrativas no graves, equivalentes al 84 por ciento, mientras que 665 correspondieron a faltas graves, equivalentes al 16 por ciento y turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al procedimiento correspondiente.

La dependencia informó además que durante ese mismo periodo fueron remitidos mil 737 servidores públicos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ellos, 87 ya habían sido notificados de una sanción, mientras que los mil 650 restantes permanecían en proceso al momento del corte reportado.

Entre las principales conductas que dieron origen a procedimientos y sanciones, la Secretaría identificó la autorización de pagos indebidos, la sustracción de información bajo responsabilidad de servidores públicos —incluidos datos personales—, la autorización de pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, la realización de compras innecesarias o sin justificación, el ocultamiento de bienes, incrementos patrimoniales no explicados, falsificación de documentos y casos de hostigamiento y acoso sexual.

También se sancionó a proveedores

El informe presentado por la dependencia contempla además acciones contra empresas y proveedores que participaron en contrataciones públicas.

Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la Secretaría reportó la sanción de 286 proveedores, mediante procedimientos que incluyeron inhabilitaciones y multas por un monto acumulado de 147.3 millones de pesos.

A esta cifra se suman 118.5 millones de pesos en multas relacionadas con infracciones en materia de protección de datos personales.

En materia penal, el balance reporta la presentación de 517 denuncias contra servidores públicos y particulares, relacionadas con posibles delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y fraude. De acuerdo con la información presentada por la dependencia, estos procedimientos derivaron en 53 vinculaciones a proceso.

Entre los casos señalados se encuentran investigaciones relacionadas con un presunto desvío de recursos en un contrato para sistemas de inteligencia de la entonces Policía Federal, irregularidades por 73.6 millones de pesos relacionadas con pagos por frijol que, según la investigación referida, no habría sido entregado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como la detección de presunto reetiquetado ilegal de medicamentos oncológicos en almacenes del ISSSTE.

Compras públicas como herramienta de desarrollo

El documento denominado “Dos años de Buen Gobierno” también presenta resultados en materia de compras estratégicas, desarrollo sostenible, integridad pública y transparencia.

La dependencia señaló que las compras gubernamentales también han sido utilizadas como una herramienta para impulsar determinados sectores productivos, mediante mecanismos de comercio directo con cooperativas cafetaleras, agrupaciones dedicadas a servicios de limpieza y productores de textiles y acero.

En materia de integridad pública, la Secretaría reportó la realización de 1.3 millones de capacitaciones en ética, dirigidas a personas servidoras públicas.

Asimismo, informó que en 2026 se alcanzó una cifra récord de declaraciones patrimoniales. Como antecedente, la propia Secretaría informó oficialmente que en la declaración patrimonial de modificación 2025 un millón 499 mil 469 personas servidoras públicas federales cumplieron en tiempo y forma, equivalente a 97.45 por ciento del universo obligado.

Para 2026, el balance presentado por la dependencia reporta más de 1.5 millones de declaraciones patrimoniales, con un cumplimiento de 97.7 por ciento.

En materia de transparencia, el informe señala que se admitió a trámite el 82 por ciento de los recursos ciudadanos, mientras que el porcentaje de desechamientos se redujo a 14.6 por ciento, de acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría.

De esta manera, la dependencia sostiene que durante los dos primeros años de la administración se han aplicado medidas dirigidas tanto a prevenir irregularidades como a detectar y sancionar posibles actos de corrupción.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sustituyó a la entonces Secretaría de la Función Pública en noviembre de 2024 y actualmente cuenta, entre otras áreas, con unidades relacionadas con el combate a la impunidad, el buen gobierno y la transparencia.

Los resultados presentados forman parte del balance de los primeros dos años de la administración federal y corresponden a los periodos y cortes de información establecidos por la propia dependencia.