Xalapa, Veracruz – El Congreso de Veracruz aprobó una reforma a la Constitución estatal para eliminar la declaración de procedencia, conocida comúnmente como fuero, para las personas titulares de las presidencias municipales, sindicaturas y presidencias de los Concejos Municipales. La iniciativa fue presentada por la gobernadora Rocío Nahle García el pasado 17 de septiembre.

La modificación al primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz fue avalada por el Pleno de la LXVII Legislatura con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención.

Con el cambio, las autoridades municipales señaladas podrán enfrentar investigaciones y, en su caso, procedimientos penales sin que previamente el Congreso tenga que aprobar una declaración de procedencia.

La iniciativa enviada por Nahle planteó retirar esta protección procesal a alcaldes, síndicos y titulares de concejos municipales cuando existan elementos que sustenten una posible responsabilidad penal durante el ejercicio de sus funciones.

La gobernadora ha sostenido que la medida no está dirigida contra un partido político en particular y que deberá aplicarse a autoridades municipales de cualquier fuerza política.

El cambio no significa que un funcionario sea considerado culpable por el solo hecho de ser investigado. El dictamen establece que quienes ocupen estos cargos conservarán derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa. Tampoco implica una separación automática del puesto ante una denuncia o investigación penal.

Durante la discusión legislativa, integrantes de la oposición cuestionaron que la reforma se limite a las autoridades municipales y que permanezca la declaración de procedencia para otros cargos, entre ellos la persona titular del Poder Ejecutivo estatal y diputadas y diputados locales. Estas críticas forman parte del debate político generado por la modificación constitucional.

La reforma todavía requiere completar el procedimiento constitucional correspondiente antes de entrar plenamente en vigor. De acuerdo con la información publicada sobre el dictamen, deberá ser avalada por los ayuntamientos de Veracruz y posteriormente publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

Con ello, Veracruz modificaría el mecanismo mediante el cual sus autoridades municipales pueden ser sometidas a procedimientos penales, eliminando la intervención previa del Congreso estatal para determinar si procede retirarles esa protección procesal.