Ciudad de México.- Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuestionaron que la investigación sobre la desaparición de los estudiantes deje fuera los documentos que permanecen en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional y reclamaron que se esclarezca el destino de más de 800 folios que consideran relevantes para determinar qué ocurrió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Isidoro Vicario, abogado de los padres y madres, sostuvo que la información militar dejó de aparecer como una línea prioritaria en los avances presentados por el gobierno federal. “Las autoridades federales ‘no lo tienen presente… ya no está en el radar como una línea de investigación’”, reprochó. Las familias sostienen que no basta con la afirmación de que la Sedena ya entregó toda la documentación solicitada.

Vicario planteó que, si los documentos no tienen relación con la desaparición de los jóvenes, deben ser entregados para descartarlo de manera definitiva. De lo contrario, señaló, tendría que investigarse qué ocurrió con esos archivos e incluso determinar posibles responsabilidades de integrantes del Ejército. La exigencia coincide con el reclamo de las familias por información militar que, según organizaciones y el propio GIEI, permanece pendiente de incorporarse al expediente.

El abogado también pidió recuperar la participación de especialistas que integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Aunque el mecanismo ya concluyó sus trabajos, consideró posible que Ángela Buitrago y Carlos Beristain regresen a México para colaborar nuevamente en el esclarecimiento del caso.

En paralelo, el gobierno federal presentó cuatro líneas de investigación que, de acuerdo con las autoridades, no habían sido profundizadas por administraciones anteriores: el análisis de comunicaciones, la revisión de los teléfonos de los normalistas, la verificación documental de los expedientes y la investigación por el ocultamiento de videos de cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

Las nuevas indagatorias incluyen actuaciones relacionadas con la funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense de Iguala, además del análisis de comunicaciones telefónicas. Sin embargo, para los familiares los avances no resuelven los pendientes que consideran centrales, entre ellos conocer el destino de los documentos militares y recuperar líneas de investigación planteadas previamente por el GIEI.