“Ley Antimemes” no busca prohibir memes: Alcalde explica qué pretende reforma aprobada en Senado
Ciudad de México – La llamada “Ley Antimemes” volvió al centro del debate público luego de que el Senado de la República aprobara este 30 de septiembre reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal. La denominación “Ley Antimemes” surgió durante la discusión pública y no corresponde al nombre oficial del decreto.
De acuerdo con la explicación oficial de la reforma, su objetivo principal es fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, combatir la piratería y la falsificación y sancionar determinados usos fraudulentos de elementos que identifican a instituciones públicas.
El Canal del Congreso señaló que el proyecto también busca armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales.
Uno de los puntos que generó mayor controversia es la incorporación del artículo 403 Bis, relacionado con el uso de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y documentos oficiales.
El texto aprobado contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA cuando estos elementos sean utilizados, a escala comercial, con la finalidad de inducir al error o engaño y cometer un ilícito.
El gobierno federal y legisladores de Morena han rechazado que la reforma tenga como finalidad prohibir memes, caricaturas o parodias.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la legislación no prohíbe los memes y explicó que uno de sus objetivos es combatir la piratería y proteger la propiedad intelectual.
La oposición, sin embargo, cuestionó la redacción de algunas disposiciones y advirtió sobre posibles efectos en contenidos satíricos y expresiones críticas. La senadora Guadalupe Murguía sostuvo que la amplitud de algunos conceptos podría generar incertidumbre respecto de determinadas expresiones políticas.
Con la aprobación del Senado, la reforma continúa su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, por lo que sus disposiciones todavía están sujetas al procedimiento constitucional correspondiente antes de su eventual entrada en vigor.
“Ley Antimemes” no busca prohibir memes: Alcalde explica qué pretende reforma aprobada en Senado
Ciudad de México – La llamada “Ley Antimemes” volvió al centro del debate público luego de que el Senado de la República aprobara este 30 de septiembre reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal. La denominación “Ley Antimemes” surgió durante la discusión pública y no corresponde al nombre oficial del decreto.
De acuerdo con la explicación oficial de la reforma, su objetivo principal es fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, combatir la piratería y la falsificación y sancionar determinados usos fraudulentos de elementos que identifican a instituciones públicas.
El Canal del Congreso señaló que el proyecto también busca armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales.
Uno de los puntos que generó mayor controversia es la incorporación del artículo 403 Bis, relacionado con el uso de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y documentos oficiales.
El texto aprobado contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA cuando estos elementos sean utilizados, a escala comercial, con la finalidad de inducir al error o engaño y cometer un ilícito.
El gobierno federal y legisladores de Morena han rechazado que la reforma tenga como finalidad prohibir memes, caricaturas o parodias.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la legislación no prohíbe los memes y explicó que uno de sus objetivos es combatir la piratería y proteger la propiedad intelectual.
La oposición, sin embargo, cuestionó la redacción de algunas disposiciones y advirtió sobre posibles efectos en contenidos satíricos y expresiones críticas. La senadora Guadalupe Murguía sostuvo que la amplitud de algunos conceptos podría generar incertidumbre respecto de determinadas expresiones políticas.
Con la aprobación del Senado, la reforma continúa su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, por lo que sus disposiciones todavía están sujetas al procedimiento constitucional correspondiente antes de su eventual entrada en vigor.