Nueva York.- El juez federal Paul A. Engelmayer ordenó al gobierno de Donald Trump entregar en un plazo de 14 días un memorando del Departamento de Justicia que contiene el fundamento legal utilizado para justificar ataques letales contra embarcaciones señaladas por presunto narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. El documento será revisado de manera confidencial antes de que el magistrado determine si puede hacerse público.

La resolución, contenida en una opinión de 66 páginas, rechazó dos de los argumentos planteados por la administración para mantener reservado el memorando. Engelmayer determinó que funcionarios del gobierno habían citado públicamente el documento como sustento de la política de ataques, lo que limita los argumentos para mantenerlo bajo reserva.

El magistrado también analiza otro documento de más de 40 páginas que permanece clasificado y cuestiona si debe continuar protegido por el privilegio de confidencialidad presidencial. Además, ordenó al gobierno identificar a las personas que tuvieron acceso a ese material desde que fue concluido en septiembre de 2025.

Desde septiembre de 2025, el Pentágono ha realizado al menos 70 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de más de 230 personas muertas. La administración Trump sostiene que puede emplear fuerza letal contra naves sospechosas de transportar drogas en lugar de recurrir a procedimientos de intercepción policial.

La postura del gobierno se basa en la declaración presidencial de que Estados Unidos mantiene un conflicto armado formal con una lista secreta de cárteles del narcotráfico, sin una autorización específica del Congreso. Especialistas en las normas que regulan el uso de la fuerza letal han cuestionado esa interpretación y señalan que las personas dedicadas al narcotráfico no pierden por ese hecho la protección correspondiente a los civiles.

El caso deriva de una demanda presentada en diciembre por organizaciones como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales, que recurrieron a la Ley de Libertad de Información para obtener el fundamento jurídico de la política. La decisión de Engelmayer no supone que el memorando será divulgado de inmediato, pues primero deberá revisarlo de manera confidencial.