Ciudad de México – La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que, junto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), sancionó a 55 personas servidoras públicas y una empresa por diversas faltas administrativas cometidas en instituciones de la Administración Pública Federal. Las resoluciones contemplan destituciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta 10 años, además de sanciones económicas que en conjunto ascienden a 102 millones de pesos.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, las investigaciones fueron realizadas mediante las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control de distintas instituciones. Entre ellas se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, el Banco del Bienestar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE y Alimentación para el Bienestar, entre otras.

Dentro de los casos considerados faltas administrativas graves, el TFJA determinó la destitución e inhabilitación por 10 años de 13 servidores públicos, luego de que las investigaciones aportaran pruebas sobre las irregularidades cometidas. En Pemex, por ejemplo, tres trabajadores fueron inhabilitados durante una década y recibieron multas individuales de 677 mil, 616 mil y 600 mil pesos, respectivamente.

También se documentaron irregularidades relacionadas con el uso de recursos y bienes públicos, contratación de personal, hostigamiento sexual, conflictos de interés y pagos por productos cuya entrega no pudo acreditarse.

En uno de los casos de Alimentación para el Bienestar, tres servidores públicos fueron sancionados con inhabilitaciones de 10 años y multas económicas por operaciones relacionadas con la adquisición de carne cuya entrega no fue acreditada. Asimismo, se impusieron sanciones vinculadas con la compra de atún y se determinó la responsabilidad de una empresa.

La SABG precisó que las sanciones por faltas graves corresponden al TFJA, mientras que la Secretaría tiene atribuciones para resolver los procedimientos relacionados con faltas no graves. Las personas sancionadas conservan su derecho a impugnar las resoluciones, por lo que los procedimientos pueden continuar en las instancias correspondientes.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la legalidad, la integridad y la rendición de cuentas en el servicio público, además de combatir prácticas que afecten el correcto uso de los recursos públicos.