Ciudad de México – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), mecanismo diseñado para realizar evaluaciones de riesgo sobre posibles vínculos de aspirantes a cargos de elección popular con actividades delictivas.

El Pleno de la Corte resolvió por unanimidad, con precisiones de algunos ministros, la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) publicadas el pasado 2 de junio.

La resolución, elaborada bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, determinó que el mecanismo es preventivo, informativo y voluntario, por lo que no constituye un requisito adicional de elegibilidad ni impide por sí mismo el registro de una candidatura. Tampoco representa una sanción o una declaración de responsabilidad penal.

El procedimiento establece que los partidos políticos y las personas aspirantes a una candidatura independiente podrán proporcionar voluntariamente sus listas de posibles postulantes. Con la autorización correspondiente, la Comisión remitirá los nombres a instituciones competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y análisis financiero.

Entre las dependencias involucradas se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Un punto fundamental es que el INE no conocerá el contenido de los análisis de riesgo. Las instituciones especializadas realizarán las evaluaciones conforme a sus atribuciones y comunicarán el resultado correspondiente para que éste sea entregado a los partidos políticos o candidaturas independientes. La decisión final sobre mantener o retirar una postulación corresponderá exclusivamente a éstos.

La Corte consideró que la medida tiene una finalidad constitucionalmente legítima: proporcionar información que permita fortalecer la integridad de las candidaturas y prevenir la infiltración de actividades delictivas en los procesos electorales. También determinó que el tratamiento de datos personales está justificado bajo condiciones de confidencialidad y protección de la información.

La Comisión quedó instalada por el INE desde septiembre de 2026 y aprobó sus lineamientos para el proceso electoral federal concurrente 2026-2027, por lo que el mecanismo ya forma parte de la preparación institucional rumbo a las próximas elecciones.

La resolución, sin embargo, no significa que una persona señalada por una instancia de seguridad quede automáticamente impedida para ser candidata: el mecanismo no sustituye los requisitos legales de elegibilidad ni equivale a una sentencia judicial. Su propósito es generar información preventiva para la toma de decisiones de los partidos y candidaturas independientes.