Ciudad de México – El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó, por mayoría de votos, una propuesta para establecer lineamientos específicos que permitieran regular y fiscalizar los recursos utilizados por partidos políticos y actores públicos en actividades de posicionamiento anticipado rumbo a las elecciones de 2027.

La decisión se tomó durante la sesión del 8 de octubre, cuando siete consejerías votaron en contra del proyecto y cuatro lo respaldaron. La iniciativa fue presentada por los consejeros Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora, así como por la consejera Carla Humphrey Jordan, quienes defendieron la necesidad de establecer mecanismos de vigilancia antes del inicio formal de las precampañas.

De acuerdo con información del propio organismo electoral, la propuesta buscaba identificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados en recorridos territoriales, eventos públicos, propaganda, encuestas y actividades de promoción política, con el propósito de determinar si esos gastos debían contabilizarse dentro de los topes de precampaña o campaña cuando correspondiera.

Consejeros discrepan sobre las facultades del Instituto

Entre quienes rechazaron el proyecto se encuentran la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y las consejerías de Jorge Montaño Ventura, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz García y Arturo Chávez López.

Uno de los argumentos centrales fue que la legislación vigente ya contempla mecanismos para investigar y sancionar posibles actos anticipados de campaña, entre ellos los procedimientos especiales sancionadores. También se expresaron dudas sobre los alcances jurídicos de algunas disposiciones y la posible invasión de competencias de las autoridades electorales locales.

Taddei sostuvo que el proyecto requería un análisis técnico-jurídico más amplio y una construcción colegiada. Asimismo, afirmó que el rechazo no significa que el INE renuncie a sus atribuciones constitucionales de investigación, fiscalización y vigilancia.

Advierten que la fiscalización podría llegar tarde

Por su parte, Carla Humphrey lamentó la decisión y defendió la necesidad de contar con reglas claras para revisar oportunamente los gastos de los procesos políticos. Arturo Castillo advirtió que esperar hasta la fiscalización ordinaria podría impedir que determinados gastos se incorporen a los topes electorales correspondientes antes de que concluya la contienda.

Los promotores del proyecto señalaron que las actividades de posicionamiento ya están en marcha en el contexto del proceso electoral 2026-2027, que comenzó formalmente el 10 de septiembre.

La discusión también refleja las diferencias entre las consejerías sobre cómo garantizar condiciones equitativas entre los partidos políticos y evitar ventajas indebidas antes de las campañas oficiales.

La discusión seguirá abierta

El INE informó que el rechazo se refiere al proyecto presentado y no impide que posteriormente se construya una nueva propuesta. El organismo aseguró que mantiene sus facultades legales para investigar y fiscalizar los recursos partidistas conforme al marco vigente.

De esta manera, el debate sobre la regulación de los llamados procesos políticos anticipados continúa abierto. El desafío será establecer criterios jurídicos claros que permitan vigilar el origen y destino del dinero utilizado en actividades de promoción política, sin exceder las atribuciones de la autoridad electoral ni afectar la certeza del proceso rumbo a 2027.