Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un decreto presidencial mediante el cual se establece la obligación formal para que las plataformas digitales identifiquen y retiren todo aquel contenido que promueva la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La medida busca erradicar la difusión de material que incite a la violencia física, abuso o acoso sexual, trastornos alimenticios, ciberacoso en entornos escolares, así como publicaciones que induzcan al suicidio o a autolesiones deliberadas entre la población infantil y juvenil.

El ordenamiento legal estipula que, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las empresas tecnológicas y redes sociales contarán con un plazo perentorio de 30 días naturales para hacer públicas las restricciones de acceso a este tipo de publicaciones y definir con claridad los mecanismos operativos que implementarán para darlas de baja.

Mecanismos de cumplimiento, seguimiento y posible elevación a ley

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal explicó que este instrumento legal constituye una primera fase de colaboración institucional y autorregulación entre el Gobierno de México y las compañías digitales.

Aunque en esta etapa inicial el decreto no fija sanciones económicas o administrativas inmediatas por omisiones, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones asumirá el seguimiento técnico para verificar que las medidas de carácter obligatorio se ejecuten plenamente.

Sheinbaum Pardo advirtió que, en caso de que las plataformas no den cumplimiento a los lineamientos trazados durante este periodo, el Gobierno Federal analizará la posibilidad de elevar las restricciones a rango de ley, escenario en el que sí se contemplarían regímenes sancionatorios y multas coercitivas por desacato.

Para respaldar el proceso de implementación, el Ejecutivo instalará una Mesa de Trabajo permanente coordinada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y las empresas del sector.

Este espacio permitirá articular propuestas regulatorias adicionales encaminadas a robustecer la defensa de los derechos de la infancia en los entornos virtuales. Además, las tecnológicas deberán documentar e informar periódicamente sobre las acciones concretas realizadas en el mismo plazo máximo de 30 días.

Obligaciones específicas para las tecnológicas

El decreto publicado detalla una serie de responsabilidades técnicas e institucionales que las plataformas deberán integrar de forma inmediata en sus esquemas de moderación de contenido:

• Eliminación expedita: Retirar de manera inmediata cualquier cuenta, perfil o publicación que promueva o genere conductas violentas de cualquier índole.
• Clasificación y verificación: Implementar sistemas rigurosos para la clasificación de contenidos por edad y la verificación efectiva de la identidad y edad de las personas usuarias.
• Herramientas para tutores: Poner a disposición de madres, padres o tutores legales herramientas activas de supervisión parental.
• Canales de denuncia: Instrumentar mecanismos accesibles y ágiles para que la comunidad reporte usuarios o publicaciones que violen los estándares de seguridad.
• Privacidad activa por defecto: Configurar los ajustes de seguridad y privacidad en sus niveles más estrictos e integrales de manera predeterminada para las cuentas pertenecientes a menores.
• Notificación a las autoridades: Informar de manera oportuna a las instancias gubernamentales cuando se identifiquen y remuevan contenidos o conductas que representen un riesgo inminente de violencia o atenten contra la vida.

Coordinación con el sector privado y respaldo institucional

Por su parte, María Luisa Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dio a conocer que sostuvo reuniones previas con representantes legales y ejecutivos de las principales firmas tecnológicas, entre las que destacan Meta, TikTok, Google y Microsoft.

La funcionaria destacó la disposición mostrada por las corporaciones para acatar el decreto presidencial e iniciar la adecuación de sus términos de servicio a partir del mes posterior a la entrada en vigor del documento.

Alcalde Luján desglosó los contenidos cuya exposición, acceso o recomendación queda estrictamente prohibida para menores:

1. Explotación o violencia sexual.
2. Suicidio e inducción a las autolesiones deliberadas.
3. Promoción de trastornos alimenticios.
4. Violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso.
5. Difusión de material sexual explícito o no consentido.

Como parte de las acciones complementarias del Estado mexicano, el Gobierno de la República desplegará un Punto de Contacto 24/7 especializado en la investigación digital de posibles ilícitos.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud mantendrán operativas la Línea de la Vida y la guía del “ABC de las emociones”, herramientas diseñadas para brindar apoyo, acompañamiento y orientación psicológica a las familias afectadas por la violencia en redes sociales.