Exige presidenta de la CPI respaldo de la ONU frente a las sanciones de Trump

Nueva York.- La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, solicitó a los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptar medidas concretas para proteger al tribunal de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, al considerar que estas acciones buscan debilitar la justicia internacional.

Durante una intervención virtual ante la Asamblea General de la ONU, realizada el lunes 2 de noviembre, la jueza japonesa denunció que las restricciones estadounidenses representan una amenaza para los magistrados, fiscales y el funcionamiento institucional de la CPI. Su participación a distancia respondió precisamente a las medidas adoptadas por Washington.

Akane pidió que la defensa del tribunal no se limite a los 125 países que integran la CPI, sino que involucre a todos los integrantes de Naciones Unidas. También sostuvo que las sanciones no conseguirán impedir el trabajo de la institución.

El gobierno de Trump intensificó sus medidas contra la corte el pasado 9 de octubre, cuando anunció nuevas restricciones que alcanzaron a toda la institución. Previamente, había sancionado a funcionarios del tribunal como parte de su respuesta a las investigaciones relacionadas con Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Israel.

La presidenta de la CPI también cuestionó el contraste entre estas acciones y el reconocimiento internacional a la defensa del derecho internacional. Recordó que el mismo 9 de octubre se anunció el Premio Nobel de la Paz para la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza del tribunal, por sus esfuerzos en favor de la paz y la legalidad internacional.

“El contraste no podría ser más marcado”, manifestó Akane. “Por un lado, el reconocimiento mundial del valor de la justicia internacional; por el otro, un intento de someter a la institución que la encarna”.

Fundada en 2002, la CPI tiene competencia para procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no están dispuestos a intervenir. Estados Unidos no es integrante de este organismo.

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Redacción

Redacción Bio

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Nueva York.- La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, solicitó a los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptar medidas concretas para proteger al tribunal de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, al considerar que estas acciones buscan debilitar la justicia internacional.

Durante una intervención virtual ante la Asamblea General de la ONU, realizada el lunes 2 de noviembre, la jueza japonesa denunció que las restricciones estadounidenses representan una amenaza para los magistrados, fiscales y el funcionamiento institucional de la CPI. Su participación a distancia respondió precisamente a las medidas adoptadas por Washington.

Akane pidió que la defensa del tribunal no se limite a los 125 países que integran la CPI, sino que involucre a todos los integrantes de Naciones Unidas. También sostuvo que las sanciones no conseguirán impedir el trabajo de la institución.

El gobierno de Trump intensificó sus medidas contra la corte el pasado 9 de octubre, cuando anunció nuevas restricciones que alcanzaron a toda la institución. Previamente, había sancionado a funcionarios del tribunal como parte de su respuesta a las investigaciones relacionadas con Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Israel.

La presidenta de la CPI también cuestionó el contraste entre estas acciones y el reconocimiento internacional a la defensa del derecho internacional. Recordó que el mismo 9 de octubre se anunció el Premio Nobel de la Paz para la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza del tribunal, por sus esfuerzos en favor de la paz y la legalidad internacional.

“El contraste no podría ser más marcado”, manifestó Akane. “Por un lado, el reconocimiento mundial del valor de la justicia internacional; por el otro, un intento de someter a la institución que la encarna”.

Fundada en 2002, la CPI tiene competencia para procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no están dispuestos a intervenir. Estados Unidos no es integrante de este organismo.

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