Morelia.- Los accesos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fueron cerrados este 4 de noviembre por integrantes de la comunidad universitaria que rechazan la intervención del Congreso estatal en el proceso de designación de la próxima rectoría. La medida provocó la suspensión de actividades, mientras estudiantes inconformes exigieron la reapertura de las instalaciones y rechazaron participar en el conflicto político.

La protesta comenzó después de que el Congreso de Michoacán aprobara, el 3 de noviembre, una reforma que establece que la persona titular de la rectoría para el periodo 2027-2031 será elegida mediante el procedimiento colegiado tradicional. La modificación se aplicará por única ocasión y permitirá recuperar el modelo previsto en la Ley Orgánica para el proceso correspondiente a 2031-2035.

De acuerdo con el Poder Legislativo, la decisión responde a que Yarabí Ávila González no expidió las disposiciones necesarias para implementar el nuevo mecanismo de sucesión. Los legisladores argumentaron que el cambio busca garantizar certeza jurídica en la designación de quien encabezará la institución durante los próximos cuatro años.

En respuesta, simpatizantes de la actual rectora colocaron una lona en la entrada principal de Ciudad Universitaria con el mensaje: “estamos de luto. Han asesinado la autonomía universitaria”. Los manifestantes consideran que la intervención legislativa vulnera la autonomía de la institución.

Sin embargo, otros sectores estudiantiles se pronunciaron contra la suspensión indefinida de actividades. A través de redes sociales difundieron una convocatoria para reunirse a las 8:00 horas en el acceso principal del campus, bajo el lema “¡Estudiantes unidos contra el paro! Los estudiantes no somos herramienta política”.

El conflicto también ha generado cuestionamientos sobre la administración de Ávila González. Integrantes de la comunidad nicolaíta sostienen que la rectora habría intentado modificar las disposiciones internas para permanecer un año adicional en el cargo y señalan presuntas irregularidades durante su gestión.

Entre los señalamientos figura el manejo de los recursos universitarios. Según los datos expuestos por maestros y trabajadores, antes de que Ávila González asumiera la rectoría en enero de 2023, la institución disponía de un presupuesto anual de 2 mil 490 millones de pesos. Actualmente recibe 4 mil 950 millones, con una asignación equivalente al 4.5 por ciento del presupuesto estatal.

Los inconformes cuestionaron que, pese al incremento presupuestal, la universidad enfrente dificultades para cubrir las últimas tres quincenas y prestaciones laborales. También criticaron la construcción de una alberca olímpica, un lago artificial y otras obras cuyos costos consideran elevados e injustificados.

La disputa por el procedimiento de sucesión mantiene enfrentados a distintos sectores de la comunidad universitaria, entre cuestionamientos a la intervención del Congreso y exigencias para que se reanuden las actividades académicas.