Sacramento.- El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 5 de noviembre que impulsará la conmutación de 548 sentencias de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una decisión que alcanzaría a todos los presos del corredor de la muerte del estado, aunque 382 de los casos todavía requieren autorización de la Corte Suprema de California.

La medida se aplicará a 529 hombres y 19 mujeres, de acuerdo con los datos difundidos por la oficina del mandatario demócrata, quien dejará el cargo en enero de 2027, después de ocho años de gobierno. Newsom ha mantenido su oposición a la pena capital y en 2019 suspendió las ejecuciones mediante una moratoria que continúa vigente.

Para justificar su decisión, el gobernador sostuvo que la aplicación de la pena de muerte contradice los principios que deben regir a las instituciones públicas. “Tomo esta medida porque creo firmemente que matar con autorización del Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos degrada a todos”, manifestó en una carta.

La legislación californiana establece que la Corte Suprema estatal debe aprobar las medidas de clemencia cuando una persona acumula más de una condena por delitos graves. Por esta disposición, el tribunal tendrá que revisar y autorizar 382 de las 548 conmutaciones anunciadas. Newsom reconoció que se trata de una de las decisiones más difíciles de su trayectoria política, particularmente por el sufrimiento que podría ocasionar a los familiares de las víctimas.

La propuesta generó rechazo entre organizaciones de víctimas y representantes del sector judicial. Patricia Wenskunas, fundadora de Crime Survivors, calificó el anuncio de “ofensivo” e “indignante”. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales de Distrito de California, Jeannine M. Pacioni, cuestionó que se modifiquen las sentencias sin examinar individualmente los expedientes. “Simplemente borrar todos esos fallos con el trazo de una pluma, sin considerar los hechos de cada caso ni a las familias afectadas, sería un profundo perjuicio para la administración de justicia”, declaró.

En contraste, la Unión Americana de Libertades Civiles respaldó la iniciativa y consideró que representa un avance frente a las desigualdades del sistema judicial. Su director ejecutivo, Anthony Romero, afirmó: “Estas conmutaciones reflejan lo que exige la justicia: el fin de un castigo racista, propenso a errores e inhumano que ha pesado sobre California durante demasiado tiempo”. La organización mantiene una impugnación legal contra la legislación estatal sobre la pena de muerte por considerar que tiene un carácter discriminatorio e inconstitucional.

California no ha ejecutado a ningún condenado desde 2006, pese a que sus habitantes votaron en 2012 y 2016 a favor de conservar la pena capital mediante iniciativas ciudadanas. El estado cuenta con el corredor de la muerte más numeroso del hemisferio occidental. Newsom ha argumentado que este castigo afecta de manera desproporcionada a personas no blancas y con enfermedades mentales. Otros mandatarios también han aplicado medidas similares: Kate Brown, en Oregon, en 2022, y Jared Polis, en Colorado, en 2020. En 2024, el entonces presidente Joe Biden conmutó 37 de las 40 condenas a muerte del sistema federal. Xavier Becerra, quien asumirá la gubernatura de California en enero, adelantó que mantendrá la moratoria.