Florida, EE. UU., 1 de julio de 2025. El presidente Donald Trump encabezará este martes la inauguración de un nuevo centro de detención para migrantes en los Everglades, Florida, una región inhóspita del sur del país, donde se instalará la que ya ha sido apodada informalmente como la “Alcatraz de los caimanes”, por su localización y condiciones de aislamiento.

El complejo se ubica en las cercanías de Ochopee, al interior de un ecosistema pantanoso, con un único acceso terrestre y rodeado de fauna silvestre. De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Katherine Leavitt, el diseño de la instalación pretende reforzar la narrativa del gobierno sobre el combate a la migración irregular. “Es un lugar del que sólo se puede salir en un vuelo de deportación”, señaló.

La apertura del centro se produce en medio de un contexto adverso para las políticas migratorias de la actual administración. Diversos sectores económicos han manifestado afectaciones por la escasez de mano de obra, mientras que organizaciones religiosas y defensores de derechos humanos han intensificado sus críticas. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, respaldada por el Vaticano, denunció que se está aplicando una estrategia de deportación masiva sin distinción.

Pese a que Trump prometió deportar a un millón de personas este año, los reportes oficiales indican que las redadas no han alcanzado ni la mitad de ese objetivo. Además, más del 60% de los detenidos carecen de antecedentes penales, lo que contradice los señalamientos del Ejecutivo sobre una supuesta “amenaza criminal”.

En distintos estados, productores agrícolas han advertido sobre la pérdida de cosechas por falta de trabajadores. Lisa Tate, agricultora en California, afirmó que “el 70% de los trabajadores han desaparecido; eso significa que el 70% de las cosechas podrían perderse”. En Texas, otros productores evalúan si continuar con sus actividades ante la imposibilidad de contratar personal.

El impacto no se limita al campo. En zonas urbanas como Cincinnati o Queens, comerciantes y restauranteros han reportado una caída drástica en la clientela. Algunos municipios han cancelado las celebraciones del 4 de julio por temor a redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En Bell Gardens, California, el alcalde instó a las personas sin documentos a permanecer en casa durante el feriado.

El Congreso, dominado por los republicanos, impulsa una iniciativa que contempla duplicar el presupuesto del ICE. No obstante, expertos anticipan que ni con ese incremento presupuestal se alcanzarán los objetivos de deportación. Ante ello, el principal asesor migratorio del presidente, Stephen Miller, ha pedido intensificar los operativos, lo que ha generado denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos y procesos legales.

Ayer se notificó al Congreso la muerte de un ciudadano cubanoamericano de 75 años bajo custodia del ICE, quien residía en Estados Unidos desde 1966. El hecho fue confirmado por autoridades migratorias, que argumentaron que “la gente muere en custodia, como en cualquier prisión”.

Organismos civiles y medios de comunicación han advertido que la política migratoria actual ha generado uno de los climas de temor más extendidos en décadas. El despliegue mediático de operativos, arrestos en espacios públicos y centros laborales, ha sido señalado como parte de una estrategia que prioriza el impacto político y visual, por encima del bienestar de las comunidades afectadas.