Difunden audios en los que Adonaí Sánchez Osorio hostiga a una adolescente; padres exigen justicia y mayor protección para deportistas.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.— El gobierno de Chiapas destituyó a Adonaí Sánchez Osorio como director general del Instituto del Deporte del Estado, tras ser acusado públicamente de presunto hostigamiento y acoso contra adolescentes que asisten a entrenar en dicha institución. La decisión se tomó luego de la difusión de un audio en redes sociales en el que el exfuncionario se dirige de manera inapropiada a una menor de edad.

La grabación, cuya autenticidad no ha sido desmentida, muestra a Sánchez Osorio refiriéndose a la joven como “guapa” y “pequeña”, mientras le pregunta por sus planes personales y le ofrece apoyo. “Hola guapa, buenos días (…) cuéntame, quiero saber más de ti (…) Yo te apoyo, pequeña”, se escucha decirle en el mensaje de voz.

El contenido generó una ola de indignación entre padres y madres de familia que tienen a sus hijas inscritas en actividades deportivas del Instituto, y que denuncian una falta de mecanismos efectivos para proteger a las atletas menores de edad.

Esta no es la primera vez que el Instituto del Deporte de Chiapas queda bajo el foco público. En enero de 2021, una deportista de 13 años, Jade Guadalupe Yuing Gómez, falleció en circunstancias que su familia considera feminicidio. El caso sigue sin resolverse, y la exigencia de justicia persiste.

En sustitución de Sánchez Osorio, el gobierno estatal nombró este martes a Bárbara Altúzar Galindo, quien asumió el cargo en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, encabezada por el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco.

Durante su toma de protesta, Altúzar Galindo se comprometió a garantizar un entorno seguro para las y los jóvenes deportistas, fortalecer las políticas públicas en la materia y consolidar una gestión con perspectiva de género y derechos humanos. “El deporte debe ser un espacio seguro, libre de violencias y propicio para el desarrollo integral”, expresó.

Colectivos feministas y organizaciones deportivas han exigido que no solo se sancione administrativamente al exfuncionario, sino que se investigue penalmente por posibles delitos de carácter sexual en contra de menores de edad.