LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.– En una nueva escalada contra comunidades migrantes, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), respaldados por tropas de la Guardia Nacional y vehículos militares, realizaron redadas en viveros de mariguana con licencia en el sur de California, dejando al menos 100 trabajadores detenidos. Las operaciones se llevaron a cabo en plantaciones de Glass House Farms en Carpintería (condado de Santa Bárbara) y Camarillo (condado de Ventura), a menos de 150 kilómetros de Los Ángeles.

De acuerdo con reportes de medios locales como el Los Angeles Times y The Independent, las redadas desataron un fuerte rechazo social. Manifestantes, en su mayoría portando banderas mexicanas y altavoces con consignas contra el ICE, confrontaron a las fuerzas federales. La represión incluyó gases lacrimógenos y munición no letal, con saldo de siete personas heridas, cuatro de ellas hospitalizadas.

Una voluntaria de la organización 805 Immigration Coalition declaró que entre los detenidos hay ciudadanos estadounidenses, y denunció que a la congresista demócrata Salud Carbajal se le impidió el acceso al lugar de la redada. Uno de los concejales presentes resultó lesionado tras caer durante los disturbios.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México activó un protocolo de emergencia para brindar protección consular a los connacionales afectados. La dependencia puso a disposición las líneas de atención 1 (805) 627 3520 y 1 (520) 623 7874, además de iniciar gestiones ante autoridades locales.

En paralelo, crece la indignación por las condiciones del nuevo centro de detención Alcatraz de los Caimanes en Florida, donde los primeros migrantes recluidos denunciaron tortura, comida infestada, falta de agua y atención médica. “Nos tratan como perros”, relataron a medios internacionales familiares de los detenidos.

En el terreno judicial, un juez federal de Nueva Hampshire emitió una orden preliminar para bloquear la medida del presidente Donald Trump que niega la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados o con permisos temporales, tras una demanda colectiva. La suspensión es nacional e incluye a todos los posibles afectados, con una prórroga de siete días para apelaciones.

Finalmente, Mahmoud Khalil, líder de las protestas pro-palestinas en universidades estadounidenses, demandó al gobierno por 20 millones de dólares tras ser arrestado ilegalmente por agentes migratorios.