CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso de la Ciudad de México dio luz verde a un conjunto de reformas que buscan frenar las actividades indebidas en la vía pública, particularmente aquellas realizadas por personas conocidas como “franeleros” o “viene-viene”, quienes sin autorización oficial ocupan la calle para ofrecer vigilancia o cobro de estacionamiento.

En sesión conjunta, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como de Justicia Cívica y Defensoría Pública, aprobaron el dictamen presentado por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, con el objetivo de adicionar y reformar diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica. Entre las modificaciones destaca la creación del artículo 28 Bis, el cual clasifica estas conductas como infracciones especiales contra la seguridad ciudadana.

El documento resalta que en diversas zonas de la capital, personas sin licencia o autorización ocupan el espacio público para brindar servicios como cuidado, lavado o reparación menor de vehículos. Estas actividades no sólo impiden el libre tránsito, sino que agravan el problema de la congestión vial y la contaminación ambiental.

Uno de los elementos centrales de la reforma es atender las denuncias crecientes contra quienes exigen pagos por permitir estacionarse. Según el dictamen, en caso de negativa, estos individuos pueden incurrir en delitos como amenazas, extorsión, robo o daños a vehículos. La finalidad de la nueva legislación, indica el Congreso, es recuperar el espacio público, prevenir delitos y garantizar seguridad para los ciudadanos.

Las sanciones contempladas en el artículo 31 se clasifican como tipo F e incluyen arrestos inconmutables de entre 24 y 36 horas, especialmente cuando se incurra en lo estipulado por el nuevo artículo 28 Bis.

Durante la discusión legislativa, el diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, subrayó que “el derecho al espacio público se encuentra reconocido constitucionalmente como un derecho colectivo”. Añadió que estas reformas permitirán abordar de forma más eficaz la apropiación indebida del espacio urbano.

Por su parte, el diputado Mario Enrique Sánchez Flores señaló que su bancada respaldó el dictamen “porque estamos convencidos de que el uso indebido del espacio público es una problemática que requiere atención y regulación”. No obstante, expresó su desacuerdo con que la iniciativa no fuera turnada exclusivamente a la comisión que él preside.

Durante la sesión también se presentaron reservas y observaciones. El legislador Fernando Zárate Salgado apuntó que si bien la redacción de algunos artículos puede ser ambigua, la solución no debe ser abrogarlos, sino precisarlos, al tratarse de una norma de carácter administrativo y no penal.

Desde Morena, la diputada Elizabeth Mateos enfatizó la urgencia del tema: “aunque cotidiano, tiene un enorme impacto en la vida diaria de millones de personas”. Su compañera de bancada, Adriana Espinosa de los Monteros, añadió que estos objetos y prácticas generan contaminación visual e inseguridad.

A nombre del PVEM, Iliana Ivón Sánchez Chávez reconoció que la iniciativa contempla alternativas para una inclusión social, sin criminalizar a personas en situación vulnerable, y promoviendo la dignidad conforme a la ley.

Desde el PRI, Tania Larios Pérez pidió sensibilidad en la aplicación de las sanciones para no caer en criminalización, aunque apoyó el fondo del proyecto.

Finalmente, el legislador Royfid Torres (MC) propuso revisar la redacción para evitar contradicciones legales, mientras que el panista Diego Garrido López advirtió sobre posibles abusos en la aplicación por parte de elementos policiacos y violaciones al procedimiento legislativo.

Con estas reformas, el Congreso capitalino busca equilibrar el uso del espacio público, proteger los derechos colectivos y asegurar que ninguna persona se beneficie económicamente de espacios que pertenecen a toda la ciudadanía.