CIUDAD DE MÉXICO.-  En México, el acoso es una constante que ocurre en las calles, en los autobuses y en los trabajos. Está en las miradas que se prolongan más de lo debido, en comentarios que incomodan y en tocamientos que cruzan los límites del respeto. Esta violencia se aprende a callar desde temprano, porque pareciera que decir “me acosaron” aún implica, como víctimas, demostrar que esto es verdad.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 15.5 por ciento de las mujeres mexicanas ha sido víctima de acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación, una cifra cinco veces mayor que la de los hombres. Detrás de cada número hay una historia de miedo, incomodidad o silencio.

Pero el acoso es solo una parte de un problema más profundo. Siete de cada diez mujeres en México han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida: psicológica, económica, física o sexual. La violencia de género es la raíz de una estructura que ha legitimado por generaciones el control sobre las mujeres. Y el acoso es la primera grieta de un sistema que todavía no ha aprendido a respetarlas.

En lo que va de 2025, se han abierto más de 25 mil carpetas de investigación por abuso sexual. Sin embargo, aún con esta alta cifra, las autoridades reconocen que la mayoría de las mujeres siguen sin denunciar. Y no es porque el daño sea menor, sino porque el proceso suele ser más doloroso que el hecho. 

“¿Para qué denunciar si nadie hace nada?”, es una frase que se repite con cansancio y resignación. Detrás de ella hay mujeres que, al buscar justicia, son revictimizadas; deben relatar una y otra vez lo ocurrido, soportar miradas de duda y enfrentar procesos que parecen castigar su valentía en lugar de reconocerla.

Legalmente, el acoso sexual es un delito penal en México, pero su definición y sanciones dependen del estado en que ocurra. Mientras el Código Penal Federal sanciona el hostigamiento sexual —cuando existe jerarquía o abuso de poder— con penas de seis meses a dos años de prisión, los códigos locales aplican castigos distintos para el acoso, que puede ir de seis meses a cinco años de cárcel.

Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia diferencia entre acoso sexual y hostigamiento sexual, que implica abuso de poder. Ambas son formas de violencia de género que el Estado está obligado a prevenir, sancionar y erradicar. Sin embargo, la falta de homologación entre las legislaciones estatales genera vacíos que derivan en impunidad y desalientan a las víctimas a presentar una denuncia.

Y, sin embargo, el silencio nunca debería ser la opción. Pero muchas aprendimos a cargar con la culpa. Sentimos pena, creemos que exageramos, o que debimos reaccionar distinto. Pero ¿quién está preparada para saber cómo reaccionar? 

El acoso no solo roba la tranquilidad, también roba la confianza en una misma. Obliga a justificar lo injustificable, a medir cada gesto, cada prenda, cada paso. Las mujeres aprendimos a caminar rápido, a cruzar la calle cuando vemos algo “sospechoso”, y a mantenernos alerta. Sabemos que no es paranoia, es experiencia.

La violencia de género no distingue edades ni clases sociales. Se alimenta de una estructura que normaliza la dominación y el control. El acoso, en cualquiera de sus formas, es una manifestación de ese poder. Por eso, hablar de acoso es hablar de un país que aún arrastra siglos de desigualdad convertidos en costumbre.

Por otra parte, uno de los debates más recurrentes cuando se habla de acoso sexual es si debe creerse siempre a la víctima. Y la respuesta es sí. Creerle no significa dictar sentencia ni condenar sin pruebas; significa reconocer la palabra de una persona que decide romper el silencio y abrir una investigación con rigor y empatía. 

En México, muchas víctimas enfrentan la incredulidad incluso antes de presentar una denuncia. Pero no se trata de creer ciegamente, sino de escuchar responsablemente: de garantizar que toda acusación se investigue y se valore con perspectiva de género, entendiendo las dinámicas de poder y miedo que rodean estos delitos.

En este sentido, reciente el Gobierno de México ha impulsado el Plan Integral contra el Abuso Sexual, con el propósito de homologar el tipo penal del delito y fortalecer la atención institucional. Con ello, se busca agilizar las denuncias, capacitar a funcionarios y generar un cambio cultural. Un paso importante que, sin embargo, no puede por sí solo desmontar una estructura social tan arraigada.

El plan contempla campañas de sensibilización, coordinación con fiscalías estatales y capacitación especializada para ministerios públicos y jueces. Pero aunque los discursos cambian y las leyes avanzan, persiste la duda ¿es esto suficiente para que el acoso deje de ser parte de la vida cotidiana en México o qué más necesitamos cambiar?