Tlalnepantla, Morelos – El presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, Jorge Armando Genaro Rubio, fue detenido la noche del sábado 25 de abril de 2026 por su presunta responsabilidad en el delito de violación y abuso sexual en agravio de una persona menor de edad.

La detención fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, que informó que el funcionario quedó a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con reportes oficiales, el edil fue detenido en flagrancia, es decir, en el momento en que presuntamente cometía el delito.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:55 horas sobre la carretera Yautepec–Tlayacapan, a la altura del kilómetro 10, en la colonia Pantitlán, dentro del municipio de Tlayacapan, Morelos. Elementos de seguridad municipal realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron la situación irregular y procedieron a intervenir y asegurar al funcionario.

La víctima, cuya identidad se mantiene reservada por tratarse de un menor de edad, tiene 14 años, según información preliminar difundida por autoridades.

Tras la detención, el menor fue resguardado por las autoridades y se activaron los protocolos correspondientes para la protección de víctimas en casos de delitos sexuales.

Luego de su captura, el alcalde fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, donde se inició la integración de la carpeta de investigación. La Fiscalía informó que será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica, es decir, si el funcionario será vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.

Cabe señalar que Jorge Armando Genaro Rubio asumió el cargo como presidente municipal para el periodo 2025–2027, luego de haber sido electo bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES).

Su detención ha generado gran impacto político y social en la región, debido a la gravedad del delito que se investiga y a que se trata de una autoridad en funciones.

Hasta el momento, las autoridades han reiterado que el caso continúa bajo investigación y que se respetará el debido proceso legal.

Asimismo, no se descarta que el funcionario pueda enfrentar otras consecuencias legales y administrativas, incluyendo la posible separación del cargo, dependiendo del avance de las investigaciones y las determinaciones judiciales correspondientes.