CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México se mantiene a la espera de que Estados Unidos precise las implicaciones de la reciente decisión de catalogar al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, una medida anunciada por el presidente Donald Trump y que aún no ha sido detallada en sus alcances jurídicos y operativos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal explicó que la administración mexicana revisa el contenido oficial de esa determinación, ya que hasta ahora no se han difundido lineamientos claros sobre lo que implica dicha clasificación. Subrayó que, en las publicaciones realizadas por el gobierno estadounidense, no se especifica cómo se aplicaría esta categoría ni qué consecuencias tendría en la cooperación bilateral.

“Estamos revisando qué dice exactamente. No viene en las publicaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos qué quiere decir que se considere como ‘arma de destrucción masiva’”, afirmó la mandataria, al responder a cuestionamientos sobre el tema.

Sheinbaum reiteró que México reconoce la gravedad del consumo de opioides en territorio estadounidense y la crisis de salud pública que enfrenta ese país; sin embargo, defendió el uso médico del fentanilo en contextos clínicos. “Es muy importante como anestesia”, sostuvo, al recordar que esta sustancia tiene aplicaciones reguladas y necesarias en el ámbito hospitalario.

En este contexto, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con su contraparte para solicitar información puntual sobre los alcances de la clasificación del fentanilo y sus efectos en la relación bilateral, particularmente en materia de comercio, cooperación sanitaria y seguridad.

La presidenta enfatizó que México continuará colaborando en el combate al tráfico ilegal de drogas, pero insistió en la necesidad de claridad y diálogo institucional. La definición de la clasificación del fentanilo, dijo, debe entenderse con precisión para evitar interpretaciones unilaterales que puedan afectar acuerdos vigentes o el uso médico de sustancias controladas.

El gobierno federal considera que cualquier ajuste en la política antidrogas de Estados Unidos debe comunicarse de manera transparente, con el fin de evaluar impactos y mantener una coordinación efectiva entre ambos países frente a un problema compartido.