REDACCIÒN.- Dos personas, entre ellas un ciudadano colombiano, fueron detenidas en Tuxtla Gutiérrez por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada en contra de una empresa financiera y ocho de sus trabajadores. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron la orden de aprehensión como parte de las investigaciones por hechos ocurridos en julio de este año.

Las personas señaladas, identificadas como Ana “N” y Brahayan “N” y/o Brayan “N”, enfrentan cargos por haber amenazado y extorsionado a una firma financiera desde el pasado 16 de mayo. Según la carpeta de investigación, ambas personas afirmaban pertenecer al Cártel de Sinaloa y exigían pagos bajo amenaza para permitir la operación del negocio. La gerente general de la empresa y su personal recibieron constantes intimidaciones, hasta que la situación escaló a un hecho de violencia directa.

El 1 de julio, cinco sujetos armados irrumpieron en las instalaciones de la financiera y privaron de la libertad a la gerente y a una de sus empleadas. Las víctimas fueron obligadas a abordar un vehículo blanco con placas del estado de Chiapas, y trasladadas a un destino desconocido. Afortunadamente, ambas fueron liberadas al día siguiente.

En tanto, seis trabajadores permanecían en el inmueble y fueron rescatados por elementos de Seguridad Pública. Ese mismo día se logró la detención en flagrancia de los cinco presuntos agresores que participaron directamente en el operativo de secuestro.

La Fiscalía informó que los ahora imputados quedaron a disposición del Juez de Control, quien será la autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La institución reiteró su compromiso de combatir la violencia y los delitos que vulneran a las familias chiapanecas. “Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de aplicar el Estado de derecho y garantiza Cero Impunidad hacia las personas generadoras de violencia en Chiapas”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Este caso se enmarca dentro de los esfuerzos coordinados entre las autoridades estatales para frenar la incidencia de delitos como la extorsión agravada en Chiapas, que han afectado a distintos sectores, incluyendo el financiero.