Xalapa, Veracruz.- El Congreso de Veracruz retiró el fuero constitucional a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano (MC), con lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) podrá continuar los procesos penales en su contra por los delitos que les atribuye.

La decisión fue aprobada con 40 votos a favor y ocho en contra durante dos sesiones extraordinarias realizadas a puerta cerrada. Con esta resolución, los legisladores permitieron que las investigaciones judiciales sigan su curso, sin que ello represente una determinación sobre la responsabilidad penal de los dos funcionarios.

En el caso de Bertín Bravo Montero, la FGE lo investiga por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López Torres, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo.

De acuerdo con las indagatorias, el empresario acudió a una reunión en el domicilio del alcalde, donde presuntamente también estuvo presente un integrante de un grupo delictivo que opera en la región. Antes de desaparecer, Ramos Sánchez envió un mensaje a su familia en el que hizo referencia a ese encuentro. Además, registros telefónicos ubicarían el celular del edil en la misma zona de cobertura al día siguiente de los hechos.

La defensa del presidente municipal sostiene que las pruebas presentadas por la Fiscalía contienen inconsistencias y afirma que Bravo Montero es inocente.

Tras la aprobación del desafuero, se prevé que Pedro de Jesús Rosado Guzmán, suplente del alcalde de Úrsulo Galván, sea convocado para asumir la presidencia municipal.

Por otra parte, Raúl González Martínez enfrenta una investigación por su probable participación en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

Según la Fiscalía, el alcalde habría ordenado el secuestro de la comunicadora el pasado 2 de junio. Días después, la reportera fue localizada sin vida en un predio presuntamente utilizado por un grupo criminal. Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas por este caso.

Las investigaciones señalan que el móvil estaría relacionado con una fotografía en la que presuntamente aparece el edil sosteniendo un arma larga y cuya difusión habría buscado impedirse.

El alcalde ha reconocido la existencia de imágenes donde aparece con armas de fuego, aunque asegura que fueron alteradas digitalmente para perjudicar su trayectoria política.

En caso de concretarse su separación del cargo, Juliana Ruiz Martínez asumiría la presidencia municipal de Ixhuatlán del Sureste. El ayuntamiento informó que los servicios públicos y las actividades del gobierno local continuarán operando con normalidad.

Antes de la votación, los representantes legales de ambos alcaldes adelantaron que analizaban promover amparos para evitar posibles órdenes de aprehensión tras perder la protección constitucional.

“La fiscalía está en condiciones de solicitar una orden de aprehensión; estamos trabajando en un amparo”, declaró Izaskún Moreno, abogada de Raúl González Martínez, quien sostuvo que las acusaciones tienen un trasfondo político.

Movimiento Ciudadano también rechazó los procedimientos aprobados por el Congreso y afirmó que forman parte de una persecución política impulsada por el gobierno estatal y Morena. Además, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dar seguimiento a ambos casos.