El Salvador – El presidente Nayib Bukele promulgó una reforma legal que permite imponer cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años que sean condenados por delitos graves, medida que ha generado un amplio debate internacional sobre seguridad y derechos humanos.

La reforma fue aprobada previamente por la Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el oficialismo, y posteriormente publicada en el Diario Oficial del país.

Con esta modificación legal, se establece que menores entre 12 y 18 años podrán recibir penas de prisión de por vida cuando sean responsables de delitos considerados graves, como homicidio, feminicidio, violación, terrorismo o pertenencia a pandillas.

De acuerdo con la legislación aprobada, la cadena perpetua no se aplicará de manera automática en todos los casos, ya que contempla revisiones periódicas de las sentencias dependiendo de la edad del menor y la gravedad del delito cometido.

Además, se prevé la creación de nuevos tribunales penales para atender este tipo de casos, lo que representa un cambio importante en el sistema judicial salvadoreño.

La reforma forma parte del conjunto de medidas impulsadas por el gobierno de Bukele dentro de su estrategia de seguridad contra las pandillas, iniciada en 2022 mediante un régimen de excepción que permitió detenciones masivas en todo el país.

Desde entonces, más de 90 mil personas han sido arrestadas bajo sospecha de vínculos con organizaciones criminales, en un contexto en el que el gobierno ha defendido su política como necesaria para reducir los índices de violencia.

Sin embargo, la nueva legislación ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

Oficinas de la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones han señalado que permitir la cadena perpetua para menores podría vulnerar los derechos de la niñez y contravenir principios internacionales de justicia juvenil.

Estas críticas se suman a señalamientos previos sobre posibles abusos durante el régimen de excepción y sobre el impacto de las detenciones masivas en el país.

Por su parte, el gobierno salvadoreño ha defendido la reforma argumentando que el marco legal anterior facilitaba la impunidad de menores involucrados en delitos violentos.

Autoridades sostienen que el endurecimiento de las penas busca disuadir la participación de jóvenes en actividades criminales y fortalecer la seguridad pública en un país que durante años registró altos niveles de violencia vinculada a pandillas.

La medida entrará en vigor el 26 de abril de 2026, lo que marca un cambio significativo en la legislación penal de El Salvador.

La aprobación de la cadena perpetua para menores desde los 12 años constituye una de las decisiones más controvertidas del gobierno de Nayib Bukele, al modificar de manera profunda el tratamiento penal de adolescentes y abrir un nuevo debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y protección de los derechos de la niñez.