En poco menos de dos meses, los ataques de EE. UU. contra embarcaciones acusadas de narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico han dejado 61 muertos, según datos confirmados por el Pentágono. El más reciente ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando una lancha fue destruida por misiles estadounidenses en el Pacífico, causando la muerte de cuatro personas. 

El gobierno de Donald Trump sostiene que las operaciones son parte de una “guerra total contra el narcoterrorismo”, aunque la falta de pruebas ha desatado cuestionamientos sobre su legalidad. Las acciones se realizan en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones al derecho marítimo internacional y por la alta cifra de víctimas. 

El ataque más reciente, anunciado por el secretario de Guerra Pete Hegseth, mostró en video una embarcación explotando en medio del océano. Con ello, Washington suma 12 operativos marítimos desde septiembre, marcando un incremento notable en el uso de fuerza letal. El funcionario afirmó que la lancha formaba parte de una “organización narcoterrorista”, aunque las imágenes fueron difuminadas, impidiendo confirmar la identidad de los tripulantes. 

El 28 de octubre, apenas un día antes, Estados Unidos ejecutó otro bombardeo en el Pacífico oriental contra cuatro barcos, dejando 14 muertos y un único sobreviviente. Durante octubre, los ataques se multiplicaron. El 24 de octubre, una operación contra una lancha del Tren de Aragua —grupo delictivo venezolano— dejó seis víctimas fatales. Días antes, el 22 de octubre, un bombardeo contra una embarcación con bandera venezolana causó tres muertes, mientras que el 17 de octubre, otro operativo del Comando Sur terminó con tres fallecidos más en el Caribe.

Paralelamente, el ejército estadounidense ha concentrado buques y aeronaves en el Caribe. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha señalado esto como un intento de desestabilización contra su gobierno, a quien Washington acusa de narcoterrorismo.  Esta presencia militar refuerza las tensiones en una región donde varios países han pedido mayor coordinación diplomática y transparencia.