La Paz, Bolivia – Cientos de pobladores bolivianos salieron nuevamente a las calles para protestar contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en medio de una creciente crisis política, económica y social que mantiene paralizado a gran parte del país.

Las manifestaciones se intensificaron especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, donde organizaciones campesinas, sindicatos, mineros, transportistas y grupos indígenas instalaron bloqueos y marchas para exigir cambios urgentes en la política económica del Ejecutivo.

De acuerdo con reportes internacionales, los manifestantes rechazan principalmente las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno, así como el incremento del costo de vida, la escasez de combustible y el aumento en los precios de productos básicos.

La situación se agravó en los últimos días debido a los bloqueos de carreteras que interrumpieron el suministro de alimentos y gasolina hacia varias regiones del país.

Las protestas también provocaron enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad. En varios puntos de La Paz, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a grupos de manifestantes que intentaban acercarse a edificios gubernamentales. Las autoridades reportaron decenas de personas detenidas y al menos varias víctimas relacionadas con los disturbios y los bloqueos.

El gobierno de Rodrigo Paz acusó a sectores vinculados al ex presidente Evo Morales de promover las movilizaciones con fines desestabilizadores.

Según el Ejecutivo boliviano, algunos grupos estarían intentando generar una crisis política para debilitar al actual mandatario. Sin embargo, organizaciones sociales aseguran que las protestas responden al descontento ciudadano por la inflación, la falta de empleo y la reducción de subsidios estatales.

La tensión política también provocó reacciones internacionales.

El gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por la situación y calificó las acciones violentas como un intento de presión y manipulación.

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro describió las movilizaciones como una “insurrección popular” y ofreció mediar en el conflicto, lo que derivó en un nuevo roce diplomático entre Bolivia y Colombia.

Mientras tanto, la población boliviana continúa enfrentando largas filas para conseguir combustible, aumento en los precios de alimentos y severas dificultades en el transporte público.