La tensión diplomática entre Colombia y Bolivia escaló este miércoles 20 de mayo, luego de que ambos gobiernos expulsaran a sus respectivos representantes diplomáticos en una crisis política que refleja el deterioro de las relaciones bilaterales en medio de la convulsión social que vive el país andino.

El conflicto comenzó cuando el gobierno boliviano, encabezado por Rodrigo Paz, declaró “persona no grata” a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García Carrillo.

La decisión fue anunciada por la Cancillería boliviana, que acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de intervenir en asuntos internos de Bolivia tras sus recientes declaraciones sobre las protestas y bloqueos que sacuden al país sudamericano.

Petro había señalado días atrás que Bolivia atravesaba una “insurrección popular” tras la muy notable inconformidad social que existe en Bolivia contra el gobierno de Paz y ofreció la mediación de Colombia para buscar una salida pacífica a la crisis.

Además, pidió evitar “presos políticos” en la región y llamó a construir una democracia “multicolor” en América Latina. Las autoridades bolivianas interpretaron estas declaraciones como una intromisión directa en la política interna del país.

En respuesta inmediata, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ordenó la salida del encargado de negocios de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, bajo el principio de reciprocidad diplomática.

La Cancillería colombiana aseguró que el gobierno de Petro respeta plenamente la soberanía boliviana y negó cualquier intención de interferir en sus decisiones internas.

Pese a la gravedad del episodio, ambas naciones aclararon que la expulsión de sus representantes no significa una ruptura formal de relaciones diplomáticas.

Estados Unidos y la Unión Europea han llamado al diálogo y a evitar una escalada de violencia en Bolivia, mientras distintos sectores políticos de la región observan con atención el deterioro de la estabilidad institucional en el país altiplánico.