Ciudad de México – La Cámara de Diputados aprobó este martes 6 de octubre el proyecto de decreto que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum que pretende disminuir gradualmente la dependencia del efectivo y ampliar el uso de medios de pago electrónicos en México.

El dictamen fue aprobado en lo general con 330 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención. Posteriormente, en lo particular, obtuvo 327 votos a favor y 122 en contra, por lo que fue remitido a la Cámara de Senadores para su análisis y eventual aprobación.

La propuesta establece un marco legal para promover el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros medios digitales de pago. También contempla que las autoridades de los tres órdenes de gobierno habiliten estos mecanismos para el pago de trámites y servicios públicos.

Uno de los aspectos que generó mayor discusión es la facultad que tendría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos podrían convertirse en la única forma de pago aceptada.

La legislación prevé una aplicación gradual y permite que las autoridades sectoriales establezcan las condiciones y periodos de transición.

Entre los sectores mencionados durante el debate se encuentran las gasolineras y las casetas de peaje, aunque la ley no establece que el efectivo vaya a desaparecer de inmediato en todas las actividades económicas.

Además, si una contingencia impide temporalmente recibir pagos electrónicos, el proyecto contempla permitir el uso de efectivo o cheque mientras persista la afectación.

La iniciativa también incorpora la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros y plantea la creación de un Expediente Digital Ciudadano, con el propósito de facilitar procesos y operaciones realizadas de manera electrónica.

Durante la discusión, legisladores de oposición expresaron preocupación por los costos que la digitalización podría representar para pequeños negocios, así como por posibles dificultades para personas sin acceso a internet, teléfonos inteligentes o servicios financieros. También se plantearon cuestionamientos relacionados con la protección de datos y la seguridad frente a fraudes y delitos cibernéticos.

El proyecto ahora deberá ser revisado por el Senado de la República. Por ello, aunque la Cámara de Diputados ya aprobó el dictamen, la nueva ley todavía no está vigente ni puede considerarse definitivamente promulgada.