REDACCIÓN.- El gobierno de Estados Unidos señaló a dos empresas mexicanas de transporte como posibles involucradas en una red criminal dedicada al robo y traslado ilegal de combustibles sustraídos a Petróleos Mexicanos (Pemex), en operaciones presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Así lo indica un informe reciente de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

De acuerdo con el reporte, el robo de combustibles ya no se limita a tomas clandestinas, pues los grupos delictivos habrían comenzado a operar en las inmediaciones de instalaciones estratégicas de Pemex, donde obtienen el combustible mediante amenazas o corrupción a empleados. Posteriormente, el hidrocarburo sería transportado hacia zonas con alta presencia de estas organizaciones criminales.

El documento menciona a las compañías Servicios Logísticos Ambientales (SLA) y Grupo Jala Logística como participantes directos o indirectos en el transporte de petróleo crudo, supuestamente en nombre de personas vinculadas con cárteles mexicanos. Ambas firmas estarían relacionadas con familiares de César Morfín Morfín, alias “el Primito”, presunto operador del CJNG.

Según el informe, estas actividades se concentran en entidades como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Altamira y Monterrey, donde los delincuentes utilizarían incluso camiones cisterna robados para distribuir el combustible. Éste se comercializaría de forma ilegal en paradas no reguladas y estaciones controladas por el crimen organizado.

Además, se advierte que parte del crudo sustraído estaría siendo introducido en Estados Unidos, con la participación de una red de personas que incluye a empresarios legalmente establecidos en ese país.

Ante este escenario, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha implementado una estrategia de combate al huachicoleo con dos líneas principales: una vía penal, mediante investigaciones coordinadas por la Fiscalía General de la República, y otra preventiva, con el fortalecimiento de la trazabilidad del combustible.

En esta última participan dependencias como la Secretaría de Energía, Pemex, el SAT, la Marina, la Sedena, Aduanas, Profeco y la Agencia de Seguridad Industrial del Sector Hidrocarburos. Mediante una plataforma tecnológica se da seguimiento a permisos y operaciones de comercializadoras, lo que ha permitido incautaciones y un mayor control en la cadena de suministro.

Datos oficiales indican que, gracias a estas acciones, las ventas de gasolinas por parte de Pemex han aumentado 15 por ciento y se ha logrado una reducción sustancial en el robo de combustibles, lo cual ha sido reconocido por el sector gasolinero.