Michoacán y Oaxaca – En los Congresos estatales de Michoacán y Oaxaca fue presentada recientemente una iniciativa conocida como “Ley Cazzu”, un proyecto legislativo que busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando uno de los padres incumple sus obligaciones o se niega a autorizar trámites esenciales.

La propuesta ha generado debate nacional debido a su enfoque en la protección del interés superior de la niñez.

El nombre de la iniciativa hace referencia a la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, cuyo caso mediático con el cantante Christian Nodal visibilizó las dificultades legales que pueden surgir cuando uno de los progenitores niega permisos de viaje o trámites relacionados con sus hijos.

Este conflicto motivó a legisladores a plantear reformas que atiendan situaciones similares que afectan a miles de familias en México.

En el caso de Michoacán, la propuesta fue impulsada por la diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El objetivo principal es reformar el artículo 4° de la Constitución mexicana, con el fin de priorizar el interés superior de la niñez por encima de conflictos entre adultos.

La iniciativa busca que, cuando exista abandono parental o incumplimiento de obligaciones como la pensión alimenticia, el padre o madre que tenga la guarda y custodia pueda gestionar permisos de viaje y documentos oficiales sin depender del consentimiento del progenitor ausente.

Actualmente, en México, la ley exige la autorización de ambos padres para que un menor pueda obtener pasaporte o salir del país. Sin embargo, si uno de ellos se niega a firmar, el trámite puede prolongarse durante meses o incluso años mediante procesos judiciales, lo que puede afectar oportunidades educativas, deportivas o familiares de los menores.

La llamada “Ley Cazzu” busca agilizar estos procedimientos y reducir la carga legal para quien ejerce la custodia.

Por otro lado, en el Congreso de Oaxaca, la diputada Concepción Rueda Gómez presentó una iniciativa similar que propone adicionar el artículo 274 Bis al Código Familiar estatal.

Este dictamen plantea que, si un progenitor se niega injustificadamente a autorizar trámites o viajes, la autoridad judicial pueda otorgar permisos de manera inmediata para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La medida también busca evitar que el consentimiento sea utilizado como forma de chantaje, presión o control dentro de conflictos familiares.

Asimismo, legisladores han señalado que este tipo de reformas también pretende prevenir formas de violencia familiar o vicaria que afectan tanto a los menores como a sus cuidadores.

Las iniciativas en ambos estados fueron turnadas a comisiones para su análisis y discusión legislativa, por lo que aún no han sido aprobadas de manera definitiva.

En caso de ser aprobada, la denominada “Ley Cazzu” podría marcar un precedente importante en materia de derecho familiar en México, al establecer mecanismos más rápidos y efectivos para proteger la movilidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de abandono parental.