Florida, Estados Unidos – La Fiscalía del Estado de Florida abrió una investigación penal para determinar si la empresa tecnológica OpenAI y su sistema de inteligencia artificial ChatGPT tuvieron alguna relación indirecta con un tiroteo ocurrido en 2025 en Estados Unidos.

El caso está vinculado a un ataque armado registrado en abril de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, ubicada en la ciudad de Tallahassee.

De acuerdo con reportes oficiales, el tiroteo dejó un saldo de dos personas muertas y al menos seis heridas, lo que generó una amplia movilización policial y preocupación nacional sobre el uso de herramientas tecnológicas antes de cometer actos violentos.

Las autoridades identificaron al presunto agresor como Phoenix Ikner, un estudiante que, según las investigaciones, habría mantenido conversaciones con el sistema ChatGPT antes de perpetrar el ataque. Como parte del proceso legal, la fiscalía busca determinar si la información obtenida por el sospechoso pudo haber influido en la planeación del hecho violento.

El fiscal general del estado, James Uthmeier, informó que el objetivo de la investigación es analizar el tipo de contenido que el sospechoso consultó y si existió algún tipo de orientación que pudiera considerarse inapropiada o peligrosa.

El funcionario señaló que el caso podría establecer un precedente legal sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas cuando sus herramientas son utilizadas por personas que cometen delitos.

Por su parte, la empresa OpenAI negó haber tenido responsabilidad directa en el ataque y aseguró que sus sistemas están diseñados para rechazar solicitudes relacionadas con actividades ilegales o violentas.

La compañía también indicó que colaboró con las autoridades desde el inicio de la investigación, proporcionando información técnica y registros necesarios para esclarecer el caso conforme a la ley.

La investigación sigue en curso y no se han presentado cargos formales contra la empresa hasta el momento. Sin embargo, el desarrollo del proceso podría influir en futuras políticas públicas relacionadas con la seguridad digital y el uso de tecnologías avanzadas en la vida cotidiana.