CIUDAD DE MÉXICO.- Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron ayer por la noche por unanimidad (con 33 votos a favor) el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aunque con modificaciones sustanciales respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. 

Los ajustes, explicaron los senadores Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez, responden a la necesidad de evitar que los actuales sentenciados por extorsión resulten beneficiados por una reducción en los rangos punitivos, algo que hubiera ocurrido de mantenerse la propuesta original de la colegisladora. Entre los cambios más relevantes destaca el aumento considerable en las penas: la sanción mínima pasará de seis a 15 años de prisión, y la máxima se eleva a 25 años.

De acuerdo con la información difundida por el Senado, las modificaciones se concentraron en el primer artículo del decreto. Además del incremento de las penas, las comisiones incorporaron una cláusula que obliga a que las autoridades encargadas de aplicar la ley actúen con pleno respeto a los derechos humanos, un elemento que no había sido considerado por la Cámara de Diputados.

Otro punto relevante es el fortalecimiento institucional: la nueva norma establece que las fiscalías federales y locales deberán contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados y certificados para investigar de manera integral los delitos de extorsión. Mientras dichas unidades se integran formalmente, una disposición transitoria instruye a las áreas antisecuestro a asumir estas tareas de forma provisional. 

Los senadores también precisaron los casos en los que se aplicarán aumentos adicionales a las sanciones. En el caso de funcionarios o autoridades penitenciarias que faciliten la comisión de actos de extorsión, se impondrá la pena general de 15 a 25 años de prisión, más un incremento adicional de tres a cinco años, dependiendo de la gravedad del caso y del nivel de participación de la autoridad involucrada.

Con estas modificaciones, la legislación busca enfrentar uno de los delitos de mayor impacto social, cerrar espacios de impunidad y establecer un marco más robusto para combatir tanto la extorsión común como la que opera desde centros penitenciarios.