San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El Congreso de Chiapas dio a conocer este miércoles la aprobación de la llamada Ley Petrona, una reforma al Código Penal estatal que establece que la legítima defensa deberá evaluarse con perspectiva de género, con el fin de evitar que mujeres que actúan para proteger su vida frente a agresiones sean criminalizadas.

La propuesta tiene su origen en el caso de Petrona “N”, una mujer indígena tseltal de 32 años, originaria de Tenejapa, quien privó de la vida a su esposo, Alonso, de 37 años, al defenderse de una agresión. Tras resultar herida con arma blanca durante el altercado ocurrido en su vivienda, fue detenida el pasado 4 de abril.

Durante el debate legislativo, se expuso que Petrona vivía bajo un entorno de violencia constante y que su acción respondió a la necesidad de resguardar su integridad. Legisladores señalaron que este caso evidenció deficiencias en el sistema de justicia, particularmente en la falta de criterios claros para diferenciar entre actos dolosos y legítima defensa en contextos de violencia doméstica.

La presidenta del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, junto con la diputada Rosalinda López Sánchez, impulsora de la iniciativa, subrayaron la importancia de la reforma al afirmar que ninguna mujer debería ser sancionada por intentar salvar su vida. Añadieron que este cambio legal reconoce la realidad de muchas mujeres que enfrentan violencia cotidiana, muchas veces invisibilizada.

Por su parte, el fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, quien estuvo presente en la sesión, señaló que con esta reforma Chiapas avanza en materia de justicia con enfoque de género, al priorizar la protección de la vida, la integridad y la libertad de las mujeres. Asimismo, se comprometió a revisar casos de mujeres privadas de la libertad por haber causado la muerte de sus agresores.

Por último, Alma Rosa Cariño, presidenta de la Colectiva 50 más 1 Chiapas, consideró que esta modificación representa un paso importante en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de un sistema judicial más consciente de las condiciones de violencia que enfrentan miles de mujeres en el estado.