Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – El Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas al Código Civil para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, endurecer las medidas contra las personas deudoras alimentarias morosas y garantizar una mayor protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa, presentada días atrás por el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, busca establecer mecanismos jurídicos más eficaces para asegurar que quienes tienen la obligación legal de proporcionar alimentos cumplan de manera efectiva con este deber, priorizando el interés superior de la niñez.

Tras la aprobación de la reforma por parte de la LXIX Legislatura, el Poder Judicial informó, mediante un comunicado, que el incumplimiento de una pensión alimenticia no debe entenderse únicamente como un conflicto entre personas adultas, sino como una afectación directa al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, ya que impacta aspectos fundamentales como su alimentación, salud, educación y proyecto de vida.

En ese sentido, destacó que el Estado tiene la responsabilidad de implementar medidas que garanticen el respeto pleno a los derechos de las infancias y aseguren que las obligaciones alimentarias sean cumplidas.

Como parte de las modificaciones aprobadas, la Constancia de No Inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas será un requisito indispensable para acceder a diversos cargos públicos y de elección popular, así como para realizar distintos trámites administrativos establecidos en la legislación correspondiente.

Las reformas también incorporan nuevas herramientas jurídicas que permitirán localizar bienes inmuebles pertenecientes a personas deudoras alimentarias e inscribir anotaciones con efectos de embargo precautorio, con el propósito de fortalecer las garantías para que las personas acreedoras alimentarias reciban oportunamente los recursos que por derecho les corresponden.

El Poder Judicial señaló que, con estas reformas, Chiapas fortalece su marco jurídico en materia de derecho de alimentos y consolida una política pública orientada a proteger a las infancias, promover la corresponsabilidad parental y garantizar que el ejercicio de la función pública se sustente en principios de legalidad, responsabilidad y compromiso social.