Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En función de una política de humanismo y respeto ante los derechos humanos, la Sexagésima Novena Legislatura en el Congreso del Estado, atendiendo las políticas del humanismo y de pleno respeto a los derechos humanos,  aprobó este martes por urgente/obvia resolución la minuta con proyecto de decreto propuesto por la mandataria Claudia Sheinbaum, por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de feminicidio.

Presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, la sesión contó con la participación de las diputadas: Silvia Esther Argüello García, del Partido Redes Sociales Progresistas; Marcela Castillo Atristain, del Partido Movimiento Regeneración Nacional; Sahara Munira José Flores, del Partido Movimiento Regeneración Nacional; Ana Karen Ruiz Coutiño, del Partido Revolucionario Institucional; Andrea Negrón Sanchez, del Partido Movimiento Ciudadano; y Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional.

Las legisladoras hicieron hincapié en la relevancia de la aprobación de la iniciativa bajo el lema “Nos queremos vivas”, destacando que precisamente el Congreso de Chiapas fue el tercero en todo el país que propone un marco jurídico de avanzada al homologar dicha ley.

Como exposición de los motivos, hubo acuerdo común en cuanto a que el fondo de la iniciativa observa al feminicidio no como un delito aislado, sino como una expresión externa de un espectro continuo de violencias de género, ancladas en desigualdades históricas entre mujeres y hombres.

Al homologarlo con las leyes estatales, también se evita la fragmentación y la falta de coherencia que hay entre las entidades federativas en cuanto al tipo penal, sus agravantes y sus sanciones.

Aunado a esto, las diputadas refirieron que no basta descentralizar, sino que también se busca fijar un piso mínimo de protección en todo el país, para que exista una definición homogénea del delito. En ese sentido, exhortaron a que haya criterios claros para llevar a cabo las investigaciones, que las medidas de protección y las sanciones no estén supeditadas al estado en el que vive una mujer, pues ninguna debería tener más o menos protección de acuerdo a la demarcación en la que vive.

Las diputados comentaron, pues, que con esta reforma no acabará el delito pero sí se avanza con miras a su homologación, lo que favorecerá el fortalecimiento de acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.

Con relación a la pena máxima para quienes cometan este delito, en el estado desde el 2025 se estableció de hasta 100 años, lo cual no se modificará con esta homologación.