Cuernavaca, Morelos – En una de las decisiones más relevantes de los últimos años en la vida política de Morelos, el Congreso del Estado aprobó la suspensión definitiva de los presidentes municipales de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, luego de que ambos fueran vinculados a proceso por delitos dolosos relacionados con delincuencia organizada, extorsión y corrupción, de acuerdo con resoluciones emitidas por la justicia federal.

La determinación fue avalada durante la sesión ordinaria del pasado 24 de junio por el Pleno de la LVI Legislatura, tras la presentación de los dictámenes elaborados por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

Los diputados consideraron procedente la separación definitiva de ambos ediles al actualizarse los supuestos establecidos en la Constitución Política del Estado de Morelos y en la Ley Orgánica Municipal, que contemplan la suspensión del cargo cuando un servidor público es vinculado a proceso por un delito doloso.

El caso de ambos alcaldes forma parte de las investigaciones derivadas del denominado Operativo Enjambre, estrategia encabezada por autoridades federales para combatir presuntas redes de corrupción y vínculos entre funcionarios municipales y grupos del crimen organizado que operan en la entidad.

En el municipio de Cuautla, el Cabildo convocó a una sesión extraordinaria para que el alcalde suplente, Salvador Molina, rinda protesta y asuma formalmente la administración municipal.

En tanto, en Atlatlahucan aún se espera que el ayuntamiento defina la fecha para que el suplente, Gerardo Espinosa Torres, tome posesión del cargo y garantice la continuidad de las funciones del gobierno local.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan que Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro fueron vinculados a proceso por su presunta participación en una red delictiva relacionada con actos de extorsión, corrupción y delincuencia organizada.

La decisión del Congreso representa un precedente en la aplicación de los mecanismos legales para separar del cargo a autoridades municipales sujetas a procesos penales, al tiempo que busca garantizar la gobernabilidad y el adecuado funcionamiento de los ayuntamientos mientras continúan los procedimientos judiciales en contra de los ahora exalcaldes.