Monterrey, Nuevo León – El Congreso de Nuevo León dio un nuevo paso para endurecer las sanciones contra quienes incumplen con el pago de pensión alimenticia, luego de que la Comisión de Movilidad aprobara reformas para impedir que los deudores alimentarios puedan obtener o renovar su licencia de conducir en la entidad.

La medida busca fortalecer los mecanismos legales para obligar al cumplimiento de las responsabilidades económicas hacia hijas, hijos y dependientes.

La reforma fue avalada durante una sesión legislativa celebrada el 14 de mayo y contempla modificaciones a la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado de Nuevo León.

Con ello, cualquier persona que solicite una licencia deberá acreditar que no se encuentra inscrita en el Registro Estatal ni en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

La diputada local Ailé Tamez de la Paz, presidenta de la Comisión de Movilidad, explicó que el objetivo es crear “candados legales” que impidan a los deudores seguir realizando trámites oficiales sin antes cumplir con sus obligaciones familiares.

La legisladora señaló que la iniciativa surgió a partir de múltiples quejas ciudadanas y de la necesidad de establecer consecuencias administrativas más contundentes.

De acuerdo con el proyecto aprobado, quienes aparezcan en dichos registros no podrán tramitar ni renovar licencias hasta liquidar sus adeudos y demostrar legalmente que fueron dados de baja como deudores alimentarios. Las autoridades estatales argumentan que las medidas actuales resultaban insuficientes, ya que no existían restricciones administrativas directas que incentivaran el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada en Nuevo León para presionar a quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias.

En meses anteriores, el gobierno estatal anunció la creación y fortalecimiento del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, además de otras restricciones relacionadas con trámites notariales, cargos públicos y procedimientos administrativos.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, había adelantado desde finales de 2025 que su administración impulsaría medidas más severas contra padres irresponsables.

“Les va a salir muy caro ser irresponsables”, declaró en ese momento al presentar el nuevo esquema estatal para combatir el incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Con esta reforma, Nuevo León se suma a otras entidades del país que ya han implementado restricciones similares para deudores alimentarios, como Veracruz y Ciudad de México.

Aunque la propuesta aún deberá continuar su proceso legislativo antes de entrar plenamente en vigor, colectivos feministas y organizaciones civiles han respaldado la medida al considerar que puede convertirse en una herramienta de presión efectiva para garantizar el derecho alimentario de miles de menores en el estado.