Xalapa, Veracruz – El Congreso del Estado de Veracruz confirmó que continúan los procedimientos de declaración de procedencia en contra de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano.

La medida busca determinar si se les retira el fuero constitucional para que puedan enfrentar las investigaciones penales que mantiene en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Esteban Bautista Hernández, informó que ambos presidentes municipales tendrán la oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa antes de que el Pleno del Poder Legislativo decida si procede o no el retiro de su inmunidad procesal.

Explicó que la próxima semana serán citados para comparecer ante la Comisión Instructora, donde podrán acudir acompañados de sus abogados y presentar las pruebas y argumentos que consideren pertinentes.

Bautista Hernández evitó revelar los delitos específicos por los cuales la Fiscalía solicitó los juicios de procedencia, al señalar que la información forma parte de investigaciones en curso y debe preservarse el debido proceso.

Asimismo, rechazó que los procedimientos tengan un trasfondo político y aseguró que el Congreso únicamente determinará si existen condiciones legales para retirar el fuero, sin emitir un juicio sobre la culpabilidad o inocencia de los funcionarios, ya que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales.

En el caso de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, la Fiscalía lo investiga por su presunta participación como autor intelectual en el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, un testigo protegido declaró que el edil habría ordenado privar de la libertad a la comunicadora debido a que supuestamente poseía una fotografía en la que él aparecía portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Por este caso ya han sido detenidas varias personas, entre ellas policías municipales presuntamente involucrados en el crimen.

Por su parte, Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, enfrenta una investigación relacionada con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López.

Según la Fiscalía, ambos fueron vistos por última vez tras acudir a una reunión con el presidente municipal. Entre los elementos integrados al expediente se encuentran registros telefónicos, videos de vigilancia y diversos testimonios que forman parte de las indagatorias.

El Congreso precisó que el procedimiento legislativo no implica una declaración de responsabilidad penal contra los alcaldes. Una vez que ambos presenten su defensa, la Comisión Instructora analizará las pruebas aportadas tanto por la Fiscalía como por los ediles y elaborará un dictamen que será sometido a consideración del Pleno.

Tras conocerse el avance de los procedimientos, Movimiento Ciudadano acusó que existe una presunta persecución política contra sus alcaldes en Veracruz y manifestó su respaldo a ambos funcionarios, mientras que el Congreso estatal insistió en que el proceso se desarrolla conforme a la ley y con respeto al debido proceso.