Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó dos recursos promovidos por el empresario Ricardo Salinas Pliego al considerar que tenían como objetivo “dilatar o entorpecer” la resolución de un amparo clave relacionado con las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El máximo tribunal determinó que no era viable dar trámite a los recursos de impedimento interpuestos contra las ministras Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González, al concluir que los argumentos presentados carecían de sustento y respondían a una estrategia dilatoria dentro del juicio de amparo en revisión 492/2023.

El caso será discutido en el pleno con un proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien propone sobreseer el recurso promovido por el empresario. De aprobarse esta resolución, la UIF mantendría intactas sus facultades para acceder a información patrimonial y financiera con fines de supervisión y combate a delitos como lavado de dinero y terrorismo.

En este contexto, la UIF podría continuar hasta por 10 años con el análisis de la información bancaria del dueño de Grupo Salinas, solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde diciembre de 2021, en el marco de investigaciones vinculadas a los Pandora Papers.

La Corte también evidenció que con estos recursos suman ya 10 los intentos de recusación promovidos por el empresario contra distintos ministros, incluidos integrantes de la anterior integración del tribunal, en un patrón que ha sido reiteradamente señalado como mecanismo para retrasar resoluciones judiciales.

De hecho, Grupo Salinas ha recurrido de manera sistemática a figuras legales como impedimentos, reclamaciones y otros recursos en diversos litigios fiscales, acumulando más de un centenar de promociones que han retrasado al menos nueve procesos, varios de los cuales han sido desechados por el pleno al coincidir en su carácter dilatorio.

La resolución de este caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites del uso de recursos legales en procesos de alto impacto financiero y fiscal, así como sobre el alcance de las facultades de la UIF en el combate a operaciones ilícitas.