La Habana, Cuba – En una decisión considerada una de las transformaciones económicas más importantes desde el triunfo de la Revolución de 1959, las autoridades cubanas aprobaron un amplio paquete de reformas orientadas a ampliar el papel del mercado y del sector privado en la economía de la isla.

Las medidas, respaldadas por el gobernante Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular, buscan enfrentar la profunda crisis económica que atraviesa el país.

El presidente Miguel Díaz-Canel había presentado días antes el denominado Programa Económico y Social para 2026, argumentando que las reformas responden a las necesidades actuales de Cuba y a las dificultades económicas agravadas por las sanciones estadounidenses, la caída del turismo, la escasez de combustibles y los problemas en el suministro eléctrico.

Entre los cambios más relevantes destaca la ampliación de la participación del sector privado en diversos ámbitos de la economía. El paquete contempla la autorización de nuevos esquemas de inversión privada, una mayor apertura a los capitales provenientes de cubanos residentes en el extranjero y la reducción del tamaño del aparato estatal en determinadas actividades económicas.

Las reformas también incluyen una mayor autonomía para las empresas estatales y los gobiernos locales. Los municipios podrán administrar con mayor libertad sus recursos y desarrollar operaciones económicas con menos intervención del gobierno central, mientras que las empresas estatales tendrán más capacidad para definir salarios, reinvertir utilidades y participar en actividades comerciales.

Uno de los anuncios que más atención ha generado es la posibilidad de transformar algunas empresas estatales en sociedades con acciones y permitir nuevas formas de participación privada en sectores tradicionalmente controlados por el Estado.

Asimismo, se contempla la autorización de bancos privados y el fortalecimiento de un mercado financiero más amplio para facilitar las inversiones y el acceso al crédito.

El turismo, el comercio exterior y la inversión extranjera también forman parte de la estrategia de apertura.

El gobierno busca atraer nuevos inversionistas y diversificar las fuentes de ingresos de la economía cubana, afectada durante los últimos años por la disminución de visitantes internacionales y la reducción de sus principales fuentes de divisas.

A pesar de la magnitud de las reformas económicas, las autoridades cubanas han reiterado que estos cambios no representan un abandono del modelo socialista.

El presidente Díaz-Canel ha señalado que las medidas pretenden modernizar y hacer más eficiente la economía, manteniendo el papel rector del Estado y del Partido Comunista en la conducción del país.

El paquete constituye el mayor acercamiento de Cuba a mecanismos de mercado en décadas y que toma elementos de los procesos de apertura económica implementados en países como China y Vietnam.

Sin embargo, también advierten que el éxito de las reformas dependerá de su aplicación práctica y de la capacidad del gobierno para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.

La aprobación de estas medidas ocurre en un contexto de severas dificultades económicas para la isla, marcado por inflación, escasez de productos básicos, apagones frecuentes y una creciente migración.