París, Francia – Diversas asociaciones de apoyo a repartidores en Francia presentaron una denuncia penal contra la empresa tecnológica Uber Eats y la compañía Deliveroo por presunta trata de seres humanos con fines laborales, en un caso que podría marcar un precedente internacional en el sector del reparto a domicilio.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de París el 22 de abril de 2026, impulsada por varios colectivos que representan a trabajadores repartidores.

Entre las organizaciones participantes destacan la Maison des livreurs de Burdeos y la Maison des coursiers de París, junto con asociaciones que defienden los derechos laborales de migrantes y trabajadores vulnerables.

Estas agrupaciones consideran que existe un “sistema de explotación” en el modelo laboral de las plataformas digitales.

De acuerdo con los denunciantes, muchos repartidores laboran bajo condiciones difíciles, con jornadas largas, ingresos bajos y escasa protección social, lo que podría encajar en la definición legal de trata de personas con fines laborales según la legislación francesa.

El abogado que representa a los colectivos, Thibault Laforcade, afirmó que la evidencia recopilada busca demostrar que la situación laboral de estos trabajadores corresponde a un patrón sistemático de explotación.

Las asociaciones señalaron que una gran proporción de repartidores son migrantes o personas en situación vulnerable, lo que aumenta el riesgo de abusos laborales.

Además, denunciaron que los sistemas de algoritmos utilizados por las plataformas para asignar pedidos y calcular ingresos son poco transparentes y pueden generar discriminación económica entre los trabajadores.

Este caso es considerado inédito en Francia, ya que es la primera vez que se intenta aplicar el delito de trata de seres humanos a empresas del sector tecnológico y de reparto.

Aunque anteriormente las plataformas habían enfrentado demandas relacionadas con la clasificación laboral de los repartidores, esta nueva denuncia eleva el conflicto a un nivel penal más grave.

Por su parte, las empresas señaladas han rechazado las acusaciones y han asegurado que cumplen con las leyes vigentes y que ofrecen oportunidades laborales flexibles a los repartidores.

No obstante, el proceso judicial apenas comienza y será la justicia francesa la encargada de determinar si existen responsabilidades penales.

El resultado del proceso podría influir en futuras regulaciones sobre el trabajo en la llamada economía digital o “gig economy”, un modelo que ha crecido de forma significativa en la última década.