Cancún, Quintana Roo.- Una mujer que denunció haber sido víctima de abuso sexual en Quintana Roo acusó públicamente a una jueza del Poder Judicial estatal de retrasar en múltiples ocasiones el inicio formal del proceso penal contra el presunto responsable, situación que, afirmó, ha impedido que el caso avance desde 2024.

La denunciante, identificada como Clara Yesenia, señaló que la audiencia inicial para formular imputación contra el señalado ha sido aplazada en 17 ocasiones, pese a que la carpeta de investigación permanece abierta y, según sostuvo, existen elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación.

De acuerdo con su versión, entre las pruebas reunidas se encuentra una muestra genética que presuntamente vincularía al acusado con los hechos denunciados. Sin embargo, aseguró que, a más de dos años del presunto delito, el proceso continúa sin llegar a la etapa inicial ante el juzgado correspondiente.

La mujer atribuyó parte de los retrasos a diversas estrategias legales emprendidas por la defensa del imputado. Entre ellas mencionó cambios de abogado, solicitudes de aplazamiento por supuestos problemas de salud y otras circunstancias que, desde su perspectiva, han contribuido a prolongar el procedimiento judicial.

Asimismo, acusó irregularidades relacionadas con la organización de las audiencias. Según expuso, en distintos momentos se argumentó la falta de notificación al acusado, la coincidencia de horarios con otros asuntos judiciales, la ausencia de personal ministerial y cambios de fiscales responsables de la investigación.

Ante esta situación, Clara Yesenia informó que promovió recursos legales para impugnar algunas decisiones dentro del proceso y también presentó quejas ante organismos encargados de la protección de derechos humanos. No obstante, afirmó que hasta ahora no ha obtenido una respuesta que permita destrabar el caso.

La denunciante consideró que enfrenta un escenario de violencia institucional debido a los continuos aplazamientos. En ese sentido, analiza presentar nuevos recursos ante instancias encargadas de supervisar la actuación de jueces y funcionarios judiciales.

Respecto a los hechos denunciados, recordó que fue atendida en el Hospital General de Chetumal tras el presunto abuso. Indicó que se le practicaron estudios médicos para documentar la agresión sexual y que también se realizaron análisis para determinar la posible presencia de sustancias en su organismo.

Según relató, algunas versiones difundidas durante el proceso apuntaban a que habría sido drogada la noche de los hechos; sin embargo, aseguró que los estudios practicados descartaron la existencia de sustancias ilícitas en su sangre.

La mujer añadió que, mientras recibía atención médica, recibió una llamada telefónica del hombre al que acusa de la agresión, quien le manifestó que no era responsable de lo ocurrido.

En busca de apoyo institucional, también expuso su situación a través del programa ciudadano encabezado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Derivado de ello, dijo haber sido contactada por representantes de diversas dependencias estatales relacionadas con la procuración de justicia y atención a víctimas.

No obstante, sostuvo que dichas intervenciones no se tradujeron en avances concretos para resolver el expediente. Además, cuestionó medidas adoptadas dentro del proceso que, según afirmó, limitarían la difusión pública de información relacionada con el caso, mientras las autoridades ministeriales continúan divulgando datos de personas investigadas en otros asuntos.

Hasta el momento, las autoridades judiciales señaladas no han emitido una postura pública respecto a los señalamientos formulados por la denunciante. El caso continúa sin que se haya celebrado la audiencia inicial que permita determinar la situación jurídica del presunto agresor.