Ciudad de México – El gobernador del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, así como Mandos Policíacos y directivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), fueron denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria y abuso de autoridad.

La acción penal fue interpuesta en la sede central de la FGR por Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA).

La denuncia solicita al Órgano Autónomo la atracción del caso y la apertura de una carpeta de investigación penal contra el mandatario estatal y las autoridades involucradas.

Origen de los Hechos: Operativo y Detenciones del 11 de Octubre

Los hechos denunciados se remontan a la manifestación pacífica realizada el pasado sábado 11 de octubre de 2026 en las inmediaciones de Casa Jalisco, en Guadalajara. La protesta fue convocada por vecinos de al menos 320 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara que reclaman el desabasto y la deficiente calidad del agua potable suministrada por el SIAPA.

Durante la movilización, mandos de la Policía Estatal y fuerzas antimotines desplegaron un operativo para disuadir a los manifestantes utilizando granadas de gas lacrimógeno, proyectiles de agua a presión y fuerza física.

Como resultado de las acciones policiales, 39 personas fueron detenidas y trasladadas ante las autoridades judiciales y al penal de Puente Grande.

Delitos Imputados y Peticiones a la FGR

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, la organización civil acreditó y solicitó indagar las siguientes conductas probables:

• Violaciones graves a los derechos humanos: Uso desmedido de la fuerza pública, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incomunicación de personas arrestadas durante y después de su detención en Casa Jalisco.
• Delitos de función pública: Abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y omisión del servicio público.
• Revisión de fondos e infraestructura: La CIDHPDA pidió a la FGR auditar el destino de los recursos públicos destinados a la infraestructura hidráulica, saneamiento y potabilización del agua administrados por el estado de Jalisco y el SIAPA por la posible comisión de peculado y corrupción.

Situación de los Detenidos e Investigaciones Paralelas

A raíz de la presión social y señalamientos políticos que escalaron a nivel federal:

• Liberación de manifestantes: Tras permanecer privados de su libertad, los 39 manifestantes aprehendidos durante la marcha fueron liberados. Sin embargo, la CIDHPDA solicitó a la FGR dictar medidas de protección y realizar dictámenes médicos integrales para certificar las secuelas físicas o psicológicas dejadas por las agresiones.
• Investigaciones a mandos y elementos: En el ámbito estatal, el gobernador Pablo Lemus reconoció irregularidades en la actuación de la fuerza pública y confirmó la colaboración con organismos protectores de derechos humanos, mientras que 17 elementos policiales están siendo investigados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la fiscalía local por uso desproporcionado de la fuerza.

Hasta la publicación de esta nota, la FGR no ha confirmado de manera pública la radicación del número de carpeta de investigación penal correspondiente ni la emisión de citatorios formales para los funcionarios denunciados.