Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (Auditoría Superior de la Federación) presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (Fiscalía General de la República) por presuntos daños al erario que rebasan los 600 millones de pesos, derivados de auditorías con hallazgos considerados de alto impacto.

El auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel informó ante la Cámara de Diputados que las acciones legales se interpusieron el pasado 26 de junio como parte de los resultados preliminares de la Cuenta Pública 2025. Explicó que la ASF no esperó a concluir todo el proceso de fiscalización para actuar, sino que activó sus facultades ante la detección de posibles irregularidades.

Las denuncias están relacionadas con revisiones forenses realizadas a ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2024, en las que se identificaron elementos que podrían constituir daño al erario. De manera paralela, el órgano fiscalizador también envió 30 expedientes por presuntas faltas administrativas graves vinculadas con posibles esquemas de colusión en contrataciones públicas.

En ese contexto, el auditor señaló: “presentamos ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública”.

Hernández Palacios Cardel explicó que la ASF ha reforzado sus mecanismos de revisión interna para identificar posibles actos de corrupción con mayor rapidez. Detalló que las nuevas facultades permiten iniciar investigaciones de manera directa cuando existen indicios, sin agotar necesariamente todo el proceso tradicional de auditoría.

Al respecto, afirmó: “Con la modificación a nuestras atribuciones, empezamos investigaciones directas, sin tener que pasar todo el proceso de auditoría, y esto lo que hace es que permite que ante cualquier indicio que tengamos, que no necesariamente quiere decir que se vaya a transformar en una sanción, podemos hacer una investigación directa”.

Añadió que estos casos ya fueron canalizados a las instancias internas correspondientes para su análisis y eventual seguimiento legal. También indicó que los expedientes involucran a distintos niveles de gobierno, aunque evitó precisar casos concretos y remitió a los informes públicos de la institución.

Con estas acciones, la ASF mantiene abiertos diversos frentes de revisión sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos detectadas en auditorías recientes.