CIUDAD DE MÉXICO.- La madrugada del 26 de agosto, en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México, decenas de personas fueron desalojadas en el número 125 de la calle Tonalá, en la colonia Roma Norte. Las autoridades aseguran que fue una acción derivada de una denuncia por ocupación ilegal. Pero para las familias que habitaban allí desde hace décadas lo ocurrido representa un saqueo de su patrimonio.

Los vecinos denuncian que la madrugada fue violenta. Relatan que elementos de la policía metropolitana ingresaron al edificio con armas largas, sin notificación previa, forzando rejas, rompiendo puertas y amenazando a quienes dormían.

Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el desalojo fue consecuencia de una denuncia formal por despojo. La institución sostiene que el inmueble fue tomado de manera ilegal y que, tras una investigación, un juez determinó su restitución a los propietarios legítimos. 

No obstante, el término “despojo” tiene implicaciones legales. Sugiere que el inmueble fue ocupado ilegalmente. Pero los desalojados insisten en que su presencia allí no fue clandestina ni criminal. Algunos mencionan que, aunque el antiguo dueño ya falleció, había promesas de compra o contratos informales y que trataron de seguir la vía legal para su regularización.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, negó que el operativo fuera impulsado por la administración local. “Fue un desalojo por instrucción del Poder Judicial. La única participación de la Ciudad fue el acompañamiento de 24 elementos de la policía para resguardar al actuario”, declaró el mismo 26 de agosto.

Sin embargo, estas declaraciones no convencen a los vecinos, quienes insisten en que nunca se les notificó formalmente la existencia del juicio ni la orden de desalojo. Para ellos, se trató de un operativo arbitrario y violento.

Para las personas que habitaban el inmueble, lo ocurrido no se explica únicamente en términos jurídicos, sino dentro de un proceso de gentrificación. En la Roma Norte (una de las colonias más afectadas por el auge inmobiliario y el turismo de corto plazo) los desalojos han aumentado, muchas veces precedidos por rumores de proyectos comerciales, remodelaciones y rentas turísticas.

De esta suerte, colectivos como el Frente Juvenil por la Vivienda denuncia que detrás de Tonalá 125 está el mismo fenómeno que expulsa a familias de largo arraigo en barrios tradicionales: la gentrificación que encarece la vivienda, criminaliza la pobreza y privilegia intereses económicos sobre el derecho a un hogar.

A pesar de ello, fuentes oficiales detallan que el inmueble estaba en litigio, pues los propietarios legales alegan que compraron el edificio mediante escritura pública, y que desde 2024 enfrentaban una ocupación con violencia por parte de terceros que, según la FGJ-CDMX, tenían vínculos con la Unión Tepito. 

En medio de este conflicto se ha abierto el debate sobre la necesidad de protocolos claros para los desalojos en la Ciudad de México. Autoridades locales han reconocido que existe una carencia normativa que regule la notificación previa, el acompañamiento social y el acceso a vivienda alternativa para quienes quedan desplazados.

Sobre esto, el 29 de agosto de 2025, apenas tres días después del desalojo, Clara Brugada anunció que su administración trabaja en un protocolo para garantizar el respeto a los derechos humanos durante los desalojos en la Ciudad de México. 

Según explicó, este documento buscará que el Poder Judicial informe con anticipación a la Secretaría de Gobierno, que se privilegien las vías de conciliación y diálogo antes de ejecutar la orden y que la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX participe como observadora en cada procedimiento.

Este hecho expone un dilema profundo: la distancia entre la justicia legal, dictada por los jueces y la justicia social, que reclama el derecho de familias con arraigo a no ser expulsadas de sus hogares. En medio de litigios, intereses inmobiliarios y promesas de vivienda digna, el caso de Tonalá 125 deja abierta la pregunta sobre cómo equilibrar la propiedad privada con el derecho a la vivienda.