Ciudad de México – La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas vinculadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

La captura ocurrió el 10 de agosto de 2026, alrededor de las 14:40 horas, cerca del despacho de Espinosa Campos, ubicado en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por autoridades de Campeche.

El contador es investigado por el delito de peculado y, de acuerdo con las indagatorias citadas por distintos medios, se le señala por su presunta participación en un esquema mediante el cual habrían sido desviados al menos 36 millones de pesos de recursos públicos durante la administración de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche.

Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con Mayavisión, empresa de comunicación fundada por Espinosa Campos en junio de 2016. Según las investigaciones, durante el gobierno de Moreno Cárdenas se realizaron pagos por aproximadamente 97 millones de pesos a dicha compañía.

La Fiscalía de Campeche investiga la falta de documentación y elementos materiales que permitan acreditar la prestación de los servicios contratados, por lo que una de las líneas de investigación busca determinar si pudieron existir operaciones simuladas. Del monto total, a Espinosa Campos se le atribuye una presunta participación en el desvío de al menos 36 millones de pesos.

Además, investigaciones sobre sus movimientos financieros señalan que entre 2020 y 2024 recibió ingresos por 36 millones 226 mil pesos, de los cuales 27 millones fueron registrados como préstamos, operaciones que también son revisadas por las autoridades para determinar su origen y naturaleza.

Tras su detención en la capital del país, Espinosa Campos será trasladado a Campeche para quedar a disposición de las autoridades judiciales. La detención y las acusaciones no implican una sentencia de culpabilidad; corresponderá a un juez determinar su situación jurídica y, posteriormente, su eventual responsabilidad penal.