Bogotá, Colombia – En una operación coordinada entre agencias de seguridad internacionales, el juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), Luis Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido en Colombia a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses acusan al juzgador mexicano de haber aceptado un soborno de 2 millones de dólares para librar de la custodia y obstaculizar la extradición a Estados Unidos de Andrew Clark, un ciudadano canadiense señalado como el segundo al mando en una red internacional de tráfico de cocaína.

La conexión con la red criminal transnacional

De acuerdo con la acusación formal del Departamento de Justicia presentada ante un tribunal del Distrito Sur de California, Andrew Clark formaba parte esencial de la organización criminal dirigida por Ryan Wedding, ex atleta olímpico de invierno canadiense que se convirtió en uno de los prófugos más buscados por el FBI por operar una amplia red transnacional de transporte y distribución de narcóticos.

La red de tráfico internacional operaba enviando cocaína a través de México y EU

1. Detención inicial de Andrew Clark: Clark fue localizado y arrestado en Jalisco en octubre de 2024 por cargos de narcotráfico, homicidio y conspiración violenta en EE. UU.
2. Turnación al juzgado federal: El procedimiento de extradición fue asignado al juzgado a cargo de Benítez Alcántara en la Ciudad de México.
3. El pago del soborno: La acusación sostiene que el juez recibió 2 millones de dólares para emitir resoluciones favorables que permitieran la liberación provisional del acusado y retrasaran su entrega legal.
4. Reaprehensión posterior: Pese al retardo procesal, Clark fue capturado nuevamente tiempo después y enviado a territorio norteamericano para responder ante las cortes penales de dicho país.

Imputaciones y proceso penal internacional

Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales de encubrimiento y complicidad posterior a la comisión de un delito (accessory after the fact). Cada uno de estos cargos conlleva una pena potencial de hasta 15 años de prisión bajo las leyes de Estados Unidos.

Posición del Consejo de la Judicatura: Tras la confirmación del arresto, el Tribunal de Disciplina Judicial del sistema federal mexicano comenzó los procedimientos para suspender los haberes y atribuciones del juzgador en tanto concluyen las investigaciones.

Estatus procesal actual: Las autoridades judiciales de los Estados Unidos han iniciado de manera formal los trámites requeridos con el gobierno colombiano para concretar la extradición inmediata del juez a territorio estadounidense.