Ciudad de México – La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional que establece la nacionalidad única para quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto fue enviado al Senado para continuar con su proceso legislativo.

Después de un debate de casi 11 horas, el Pleno de San Lázaro aprobó en lo particular las modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y previamente había sido aprobada en comisiones.

El proyecto establece que para aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México será necesario no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, la persona deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, conforme al procedimiento establecido por la legislación correspondiente.

La reforma también contempla que, durante el ejercicio del cargo, la persona no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.

Entre las conductas señaladas se encuentran el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos asociados con una ciudadanía extranjera y el acogimiento a la protección diplomática de otro país.

De acuerdo con el Gobierno federal, el objetivo de la iniciativa es establecer que quienes encabecen los Poderes Ejecutivos federal y estatales mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con México.

La propuesta no elimina la doble nacionalidad para la población en general ni para otros cargos de elección popular; se enfoca específicamente en la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

Ahora corresponde al Senado de la República analizar y, en su caso, aprobar, modificar o rechazar la reforma antes de que pueda continuar el procedimiento constitucional correspondiente.