Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas sin consentimiento a los bancos
CIUDAD DE MÉXICO.– Este 12 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma financiera que declara nula la emisión de tarjetas bancarias y departamentales sin autorización expresa del titular. Con 467 votos a favor y sin abstenciones, el pleno respaldó modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
La iniciativa, ahora turnada al Senado para su análisis, busca fortalecer los derechos de los usuarios y limitar los abusos de las instituciones financieras. Entre los cambios propuestos, se establece que la cancelación de una tarjeta deberá completarse en un máximo de cinco días hábiles, sin costos ni penalizaciones adicionales para el cliente.
Asimismo, la reforma obliga a las entidades financieras a entregar una constancia (ya sea digital o física) que acredite la terminación del contrato. Con ello, se busca erradicar prácticas engañosas como cargos disfrazados bajo conceptos de seguros, membresías o servicios no autorizados por los usuarios.
El Banco de México (Banxico) deberá incorporar nuevas reglas que restrinjan las comisiones injustificadas y promuevan mayor transparencia en los servicios. De acuerdo con la propuesta, las comisiones que “distorsionen las sanas prácticas de intermediación” serán limitadas o prohibidas.
La reforma financiera también establece que ninguna tarjeta emitida sin consentimiento podrá generar cargos, ni afectar el historial crediticio del usuario. Además, los bancos estarán obligados a devolver los montos cobrados indebidamente en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el reporte del cliente.
En palabras del diputado Ricardo Monreal, esta medida “evita cobros indebidos por productos no solicitados y protege a los usuarios frente a reportes injustificados en el Buró de Crédito”. Con esta decisión, el Congreso avanza hacia un sistema financiero más justo y transparente, en sintonía con la política de protección al consumidor que impulsa el actual gobierno federal.
Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas sin consentimiento a los bancos
CIUDAD DE MÉXICO.– Este 12 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma financiera que declara nula la emisión de tarjetas bancarias y departamentales sin autorización expresa del titular. Con 467 votos a favor y sin abstenciones, el pleno respaldó modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
La iniciativa, ahora turnada al Senado para su análisis, busca fortalecer los derechos de los usuarios y limitar los abusos de las instituciones financieras. Entre los cambios propuestos, se establece que la cancelación de una tarjeta deberá completarse en un máximo de cinco días hábiles, sin costos ni penalizaciones adicionales para el cliente.
Asimismo, la reforma obliga a las entidades financieras a entregar una constancia (ya sea digital o física) que acredite la terminación del contrato. Con ello, se busca erradicar prácticas engañosas como cargos disfrazados bajo conceptos de seguros, membresías o servicios no autorizados por los usuarios.
El Banco de México (Banxico) deberá incorporar nuevas reglas que restrinjan las comisiones injustificadas y promuevan mayor transparencia en los servicios. De acuerdo con la propuesta, las comisiones que “distorsionen las sanas prácticas de intermediación” serán limitadas o prohibidas.
La reforma financiera también establece que ninguna tarjeta emitida sin consentimiento podrá generar cargos, ni afectar el historial crediticio del usuario. Además, los bancos estarán obligados a devolver los montos cobrados indebidamente en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el reporte del cliente.
En palabras del diputado Ricardo Monreal, esta medida “evita cobros indebidos por productos no solicitados y protege a los usuarios frente a reportes injustificados en el Buró de Crédito”. Con esta decisión, el Congreso avanza hacia un sistema financiero más justo y transparente, en sintonía con la política de protección al consumidor que impulsa el actual gobierno federal.