WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones económicas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro de Interior, Armando Benedetti, por presuntos vínculos con el narcotráfico, aunque no presentó pruebas. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, marca uno de los mayores choques diplomáticos entre ambas naciones. 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró en un comunicado que Petro “ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, añadiendo que el presidente Donald Trump “está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación”. 

El presidente colombiano fue incluído en la lista Clinton, lo que implica el bloqueo de todos sus bienes e intereses en bienes que estén en Estados Unidos. También implica que instituciones, empresas y personas que participen en transacciones o negociaciones con el presidente pueden ser sancionadas.

Las sanciones se producen luego de varias tensiones entre ambas naciones, incluida los ataques de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en aguas del Caribe y Sudamérica que, según Donald Trump, transportaban narcóticos. 

Desde Bogotá, Petro respondió de inmediato a las acusaciones a través de sus redes sociales. “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, aseguró el mandatario. 

Más tarde, en un acto público, el mandatario colombiano sostuvo que las sanciones son represalias por su postura frente al conflicto en Gaza, y afirmó que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos.  El ministro Benedetti, también sancionado, dijo en redes sociales que la medida es “una represalia por defender a Petro” y calificó la política antidrogas de Washington como “una farsa armamentista”.

La tensión entre ambos países ha venido aumentando desde septiembre, cuando Estados Unidos incluyó a Colombia en su lista de naciones que no cooperan en la lucha antidrogas por primera vez en 30 años. Tras esa decisión, el Departamento de Estado anunció un recorte del 20% en la ayuda económica a Bogotá, equivalente a unos 18 millones de dólares. 

Gustavo Petro ha defendido su política antidrogas como un enfoque más humano, centrado en ofrecer alternativas a los campesinos productores de hoja de coca y en perseguir el lavado de dinero y a los grandes narcotraficantes. 

Con información de AP