CIUDAD DE MÉXICO.– La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Además de cinco personas, entre quienes se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena. 

La medida fue anunciada en el marco de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, quien destacó que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando drogas, lavando dinero y corrompiendo funcionarios locales. 

Según el informe oficial, los sancionados operaban principalmente desde Playas de Rosarito, un municipio clave para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos. La OFAC identificó al municipio como parte de un corredor estratégico controlado por el Cártel de Sinaloa, liderado por los hermanos Alfonso y René Arzate García, en colaboración con varios empresarios y políticos locales.

Entre los sancionados se encuentran Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, señalados como socios del empresario Jesús González Lomelí, descrito como “alto funcionario financiero” del cártel. También fue incluido Candelario Arcega Aguirre, identificado como operador político del cártel y cercano a Brown Figuered.

El informe detalla que durante la presidencia municipal de Brown en Bajacalifornia, ella, Arcega y González recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, gestionaron operaciones del cártel y facilitaron protección a sus actividades desde el Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.

González Lomelí, descrito como “magnate rosaritense”, figura como propietario de bares, restaurantes y complejos turísticos como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán. Según el informe, estos negocios fueron usados para lavar millones de dólares del narcotráfico en beneficio de los hermanos Arzate y otros operadores del Cártel de Sinaloa, incluyendo a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso.

El Ruso, también sancionado, es considerado líder del principal brazo armado de Los Mayos y uno de los actores clave en el conflicto interno contra Los Chapitos. La red empresarial ligada a esta estructura incluye 14 compañías adicionales, la mayoría con sede en Baja California, y una más en el sector transporte controlada por Arcega.

Las sanciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, dirigidas a personas y entidades que participan en el tráfico internacional de drogas o apoyan actividades terroristas. La medida implica el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con personas o empresas vinculadas.